La República Dominicana ha dado un paso firme al mantener penalizado el aborto en su nuevo Código Penal, aprobado en primera lectura por el Senado, reafirmando su compromiso con la vida desde la concepción y con los principios que han regido históricamente a su sociedad.

El nuevo Código Penal, que llevaba casi dos décadas en discusión, excluyó de forma categórica cualquier legalización del aborto, incluyendo las llamadas «tres causales». Esta decisión fue celebrada por amplios sectores conservadores, religiosos y ciudadanos que consideran que la defensa de los no nacidos debe seguir siendo una prioridad innegociable.

“Es una victoria de la razón moral y de los valores que como pueblo nos identifican”, dijo el senador Ramón Rogelio Genao, uno de los impulsores de la norma. “La vida comienza en la concepción, y ningún derecho puede estar por encima de la vida misma. No estamos aquí para complacer ideologías importadas, sino para representar la voluntad de nuestro pueblo”.

El artículo sobre el aborto ha sido objeto de intensos debates en la última década, con protestas a favor y en contra. Sin embargo, en esta ocasión, la mayoría del Senado coincidió en que introducir excepciones abriría la puerta a una legalización progresiva del aborto que, a largo plazo, podría trivializar el valor de la vida humana.

El derecho a nacer

La medida ha sido aplaudida por diversas organizaciones provida, entre ellas la Fundación Vida y Familia, que asegura que esta legislación pone a República Dominicana “del lado correcto de la historia”. En palabras de su directora, Amparo López, “la vida no es una decisión: es un derecho. Las mujeres merecen apoyo, no la presión de una salida rápida que solo genera más dolor”.

Aseguran que en países donde el aborto ha sido legalizado, como Estados Unidos o varios de Europa, ha aumentado el número de interrupciones voluntarias por razones no médicas. “Lo que comienza como algo supuestamente ‘excepcional’, termina por normalizar el descarte de seres humanos en el vientre”, afirman.

El papel del Estado

La Iglesia Católica y líderes evangélicos han manifestado su respaldo a esta decisión, recordando que el Estado tiene la obligación de proteger a los más vulnerables, y eso incluye a los no nacidos. Desde el arzobispado de Santo Domingo se emitió un comunicado agradeciendo a los legisladores por no ceder a presiones internacionales: “En este momento de confusión moral global, República Dominicana se ha mantenido firme como luz en medio de las tinieblas”.

También médicos y expertos en bioética han defendido la postura del Senado, señalando que los avances en medicina moderna permiten atender embarazos de alto riesgo sin recurrir al aborto. “Existen protocolos clínicos para proteger a la madre sin necesidad de quitarle la vida a su hijo. El discurso de ‘la vida de la madre o la del bebé’ es un falso dilema en muchos casos”, señaló el doctor Julio Estévez, obstetra y miembro del Colegio Médico Dominicano.

La sociedad responde

Aunque sectores minoritarios han protestado en contra de la penalización total, la mayoría de la población dominicana, según encuestas recientes, respalda la defensa total de la vida. Un sondeo de la firma Markestrategia reveló que el 62% de los ciudadanos está en contra de legalizar el aborto en cualquier circunstancia.

“Somos un país con raíces cristianas, que ama la vida y la familia. Los legisladores nos han escuchado y han actuado con responsabilidad”, dijo Diana del Rosario, madre y activista provida, que participó en la vigilia realizada frente al Congreso la noche previa a la votación.

El próximo paso

El proyecto de Código Penal aún debe pasar por una segunda lectura antes de su aprobación final, pero todo apunta a que el respaldo parlamentario se mantendrá sólido. De aprobarse, esta nueva legislación representaría un precedente para toda América Latina, en medio de presiones globales que buscan despenalizar el aborto bajo distintos discursos.

En un contexto internacional donde muchos países han flexibilizado sus normas, República Dominicana ha decidido reafirmarse en sus convicciones, recordando que cada vida cuenta y que ninguna legislación puede construirse sobre la muerte de inocentes.