Una nueva iniciativa del PVEM busca sancionar con prisión a las mujeres que atribuyan falsamente la paternidad de un menor a un hombre, abriendo un intenso debate sobre justicia, verdad y consecuencias familiares.

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Redacción La Palabra |

En México, una propuesta legislativa sin precedentes está generando polémica. El Partido Verde Ecologista (PVEM), a través del diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, propuso castigar penalmente a las mujeres que asignen de manera deliberada y falsa la paternidad de un menor a un hombre que no sea su progenitor biológico, especialmente cuando exista un beneficio económico de por medio.

La propuesta plantea reformar el Código Penal Federal añadiendo el artículo 390 Ter, con penas de 1 a 5 años de prisión, multas de hasta mil días de salario mínimo (equivalentes a más de 278 mil pesos) y la obligación de devolver los recursos obtenidos por el engaño, como pensiones alimenticias.

El legislador fundamenta su planteamiento en un estudio británico que revela que 1 de cada 50 hombres ha criado hijos que no son biológicamente suyos, sin saberlo. Según Núñez, esto constituye una forma de fraude y abuso que merece atención legal, ya que afecta profundamente la vida del hombre involucrado y también la del niño que crece bajo una mentira.

Sin embargo, el tema ha encendido el debate público. Por un lado, hay quienes defienden la iniciativa como una protección justa para los hombres víctimas de falsedad, mientras que otros la critican por los riesgos que implica: criminalizar situaciones familiares complejas, vulnerar los derechos de las mujeres y abrir la puerta a interpretaciones discriminatorias, especialmente en un sistema de justicia aún deficiente.

Desde una perspectiva cristiana, este tipo de casos invitan a reflexionar sobre la verdad, la justicia y el amor al prójimo. La Biblia condena el engaño (Éxodo 20:16) y llama a vivir en integridad. No obstante, también exhorta a actuar con misericordia, sabiduría y discernimiento (Miqueas 6:8), especialmente cuando se trata de decisiones que afectan la vida de niños y familias enteras.

En medio de esta controversia, el llamado es a buscar no solo sanción, sino restauración, verdad y políticas que protejan a todas las partes, priorizando el bienestar de los menores y la justicia genuina.