En Escocia, orar se ha convertido en un delito debido a la reciente aprobación de la Ley de Servicios de Aborto de 2024

La noticia ha generado polémica al establecer “zonas de acceso seguras” de 200 metros alrededor de las clínicas donde se practican abortos. Esta legislación prohíbe cualquier actividad que pueda ser percibida como “molestia” para el personal médico o los pacientes, incluyendo acciones que se realicen en domicilios privados dentro de estas zonas.

La medida ha encendido el debate internacional y, en Guatemala, diferentes sectores han reaccionado con preocupación.

La polémica de las “zonas seguras”

La normativa establece que cualquier comportamiento que se interprete como causante de incomodidad o angustia podría considerarse una infracción, afectando incluso las actividades privadas si son visibles o audibles desde el exterior.

Esto implica que los residentes de estas zonas podrían enfrentarse a sanciones si, por ejemplo, oran o muestran mensajes religiosos en lugares visibles desde la calle. La Sociedad para la Protección de los Niños no Nacidos (SPUC) ha calificado la medida de “siniestra y profundamente orwelliana”, temiendo que criminalice la oración incluso dentro del ámbito privado.

Michael Robinson, director ejecutivo de SPUC, explicó que gestos tan simples como mostrar versículos de la Biblia o rezar en una ventana visible desde la vía pública podrían considerarse infracciones.

El gobierno escocés ha defendido la normativa, argumentando que busca asegurar que las mujeres puedan acceder a servicios de salud sin interferencias, pero los activistas pro-vida temen que esta legislación represente una amenaza directa a la libertad religiosa y de expresión.

Reacciones en Guatemala

En Guatemala, la noticia ha causado impacto, especialmente entre las comunidades cristianas que ven con preocupación la posibilidad de que leyes similares puedan surgir en otros países.

Pastor David Estrada, líder de una iglesia evangélica del país, comentó: “Esto sienta un precedente alarmante. La oración es una expresión fundamental de nuestra fe y nuestra vida cotidiana. Que pueda ser considerada un delito es una amenaza directa a la libertad religiosa y los derechos humanos”.

Marí André García, madre de familia, expresó su angustia: “Soy madre de dos niñas y me preocupa que el mundo esté avanzando hacia un lugar donde ni siquiera podamos expresar nuestra fe en la intimidad de nuestro hogar. ¿Hasta dónde se va a llegar?”

Asimismo, Carlos Herrera, otro padre de familia, destacó: “La educación en valores es fundamental para mí y mi esposa. La oración es parte de lo que enseñamos a nuestros hijos, y saber que esto podría ser considerado una infracción es simplemente inaceptable”.

Por su parte, el educador Jorge Morelos, especializado en valores cívicos, opinó: “Como sociedad, debemos reflexionar sobre los límites de la legislación cuando interfieren con derechos básicos. La libertad de expresión y de culto son pilares de la democracia. La situación en Escocia debería hacernos ver que el equilibrio es necesario para proteger las libertades sin interferir con el acceso a servicios de salud”.

La pastora Sofía Morales, de la iglesia Luz de vida, añadió: “Este tipo de medidas atenta contra la esencia de la libertad religiosa. La oración no es un acto ofensivo, sino una fuente de consuelo y esperanza. Como iglesia, tenemos el deber de defender el derecho de cada persona a expresar su fe, especialmente en tiempos de adversidad”.

Mario Juárez, líder de intercesión enfatizó: “La oración es un acto de conexión espiritual, no de provocación. Criminalizar la oración es un ataque directo a nuestras creencias. Seguiremos orando por nuestras naciones, incluso si intentan callarnos”.

Impacto en la sociedad guatemalteca

El debate sobre esta medida en Escocia ha trascendido fronteras y ha suscitado preocupaciones en Guatemala. Las organizaciones religiosas y pro-vida temen que esta legislación pueda abrir la puerta a políticas que busquen limitar la libertad religiosa bajo el pretexto de evitar incomodidades.

En un país donde la fe juega un papel central en la vida diaria, esta situación genera temor de que prácticas fundamentales, como la oración, puedan verse restringidas.

En tiempos de creciente polarización y cambios legislativos globales, Guatemala observa con atención cómo se desarrolla la implementación de esta ley en Escocia y el Reino Unido. Activistas como Andrea Williams, directora de Christian Concern, han advertido que estos precedentes representan violaciones graves a los derechos fundamentales, por lo que la situación será monitoreada muy de cerca.

La polémica refleja la tensión entre el derecho de las mujeres a acceder a servicios médicos sin interferencias y el derecho a la libertad de expresión y religiosa. Guatemala, siendo una nación con profundas raíces religiosas, continuará debatiendo la influencia de estas legislaciones internacionales en sus propias políticas y derechos civiles.

Sanciones en Escocia

Las posibles sanciones para quienes infrinjan esta ley varían según la gravedad de la ofensa. Las infracciones menos severas podrían resultar en multas de hasta £10,000 (equivalente a Q83,850.00), mientras que las más graves conllevan multas ilimitadas. Esto ha generado preocupación entre los ciudadanos y grupos religiosos, que ven en estas medidas una manera de coartar la libertad individual y el derecho a la libre expresión de creencias.

Aunque esta situación se desarrolle a 8,303 kilómetros de distancia de Guatemala, la comunidad cristiana no puede permitirse la indiferencia. Las decisiones legislativas que hoy se toman en Escocia tienen el potencial de sentar precedentes que, a través de la globalización y la interconexión de nuestras sociedades, pueden replicarse en otras naciones, incluyendo América Latina. Este tipo de normativas pone en riesgo la libertad de culto y la libre expresión de creencias, principios que son pilares fundamentales en las democracias modernas.

La comunidad cristiana en Guatemala y en toda la región debe mantenerse vigilante, informada y activa, no solo para defender sus derechos en el ámbito local, sino también para solidarizarse con quienes en otros países enfrentan desafíos similares. Es esencial recordar que la libertad religiosa no es solo una cuestión de fe, sino un derecho humano universal que protege la diversidad de pensamiento y expresión.

Además, la defensa de la vida desde la concepción sigue siendo un tema crucial que requiere de un marco legal sólido y coherente. Si permitimos que estas libertades sean erosionadas, corremos el riesgo de perder mucho más que el derecho a orar; se perderá la capacidad de expresar públicamente nuestras creencias, de enseñar valores fundamentales a las futuras generaciones y de vivir de acuerdo con nuestra fe sin miedo a represalias legales.

Por es más importante que nunca alzar la voz, involucrarse en el debate público y reafirmar la necesidad de proteger los derechos fundamentales, para garantizar que puedan ser ejercidos sin restricciones en cualquier parte del mundo.