El Parlamento de Hungría aprobó esta semana una enmienda constitucional que restringe de manera drástica los derechos de la comunidad LGBT+, incluyendo la prohibición de eventos públicos como el Desfile del Orgullo de Budapest. La medida recibió el respaldo de 140 diputados, frente a solo 21 votos en contra, en una sesión dominada por la mayoría parlamentaria afín al primer ministro Viktor Orbán.

La nueva legislación reconoce únicamente los géneros masculino y femenino como válidos ante la ley, dejando fuera cualquier reconocimiento legal de identidades trans o no binarias. Asimismo, establece la ilegalidad de los eventos públicos organizados por colectivos LGBT+, al considerar que podrían contravenir el «desarrollo moral y espiritual» de los niños húngaros.

Durante su intervención, Orbán justificó la reforma al advertir sobre una «red internacional de género» que, según él, intenta imponer ideologías ajenas a los valores tradicionales del país. También vinculó el auge de este tipo de reformas con un cambio en el panorama político internacional, especialmente en Estados Unidos, que —a su juicio— favorece una postura más conservadora en Europa Central.

La enmienda añade una cláusula que otorga prioridad a los derechos de la niñez sobre otras libertades civiles, un argumento que el gobierno ha usado para legitimar el uso de tecnologías de vigilancia como el reconocimiento facial para supervisar manifestaciones. Según la narrativa oficial, esto busca evitar que menores estén expuestos a actividades consideradas «no apropiadas para su edad».

Desde 2020, Hungría ha endurecido progresivamente su legislación en materia de diversidad sexual. Entre otras medidas, se prohibió el cambio de género en los documentos oficiales, se limitó la difusión de contenidos LGBT+ en medios dirigidos a menores y se estableció que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer. Las parejas del mismo sexo, además, no pueden adoptar niños.

El gobierno húngaro justifica estas políticas como parte de su estrategia para fortalecer la familia tradicional y proteger a la infancia, valores que considera fundamentales para la identidad nacional. No obstante, organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera del país, han denunciado un preocupante retroceso en materia de derechos civiles.

La Unión Europea también ha expresado su inquietud, señalando que esta enmienda socava principios democráticos y refuerza la marginación de las minorías sexuales en el país. A pesar de las críticas, la nueva ley ya está en vigor, marcando un giro legal y social de largo alcance en Hungría.

Con estas medidas, el gobierno de Orbán consolida su visión conservadora y nacionalista, mientras sectores progresistas temen una escalada en la represión de libertades fundamentales.

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