Asambleas de Dios denuncia expropiación arbitraria y persecución religiosa en la capital mexicana
En un hecho sin precedentes que ha encendido las alarmas entre las comunidades cristianas de México, el gobierno de la Ciudad de México, con apoyo de la Guardia Nacional, desalojó el pasado viernes las instalaciones del Seminario Teológico Anna Sanders y la iglesia “Jesucristo Luz a las Naciones”, propiedad histórica de las Asambleas de Dios. La intervención, que ocurrió en medio de litigios aún en proceso, fue ejecutada sin una sentencia definitiva, lo que ha sido calificado por líderes religiosos como un acto de expropiación arbitraria y una amenaza directa a la libertad religiosa.

El predio, ubicado entre la Avenida Ferrocarril de Cintura, la calle Alarcón y la Avenida Congreso de la Unión, alberga desde hace más de cinco décadas no solo a instituciones de formación ministerial, sino también a templos y oficinas que sirven a miles de creyentes. En esa zona se encuentran los restos de la histórica Casa de las Atarazanas, el primer embarcadero español tras la conquista de Tenochtitlán, así como las ruinas del antiguo hospital-convento de San Lázaro, una estructura colonial que ha estado abandonada por las autoridades y que ahora sirve como pretexto para justificar el desalojo.
La Iglesia de las Asambleas de Dios ha mantenido la custodia del terreno desde el siglo pasado, cuando le fue asignado para desarrollar su labor espiritual y educativa. En el predio funciona también una inmobiliaria que administra varios espacios arrendados para generar fondos con los que se sostienen los proyectos de la iglesia. Sin embargo, el lugar ha sido blanco de invasiones y vandalismo constantes, además de varios procesos judiciales aún abiertos, que no impidieron al gobierno local proceder con el operativo de desalojo.

“Se trata de una expropiación disfrazada”, aseguró uno de los abogados de la denominación evangélica, quien denunció que la acción se realizó sin respetar el debido proceso legal. “Es una intervención violenta que viola la libertad religiosa y los derechos de propiedad privada. Lo hicieron con el pretexto de los vestigios coloniales y sin tener resolución firme del juez”, agregó.
La gravedad del caso no solo radica en la forma en que se llevó a cabo el operativo, sino en el precedente que sienta para otras instituciones religiosas en México. Más del 70% de los templos en el país son técnicamente propiedad federal, una herencia de la legislación postrevolucionaria, lo que abre la puerta para que, bajo cualquier excusa de utilidad pública, el gobierno los reclame.
El desalojo coincide con una serie de acciones recientes del gobierno capitalino que han generado preocupación en círculos religiosos. Apenas días antes, en el marco de los festejos por los 700 años de la fundación de la Ciudad de México, la administración local proyectó un espectáculo audiovisual sobre la fachada de la Catedral Metropolitana, incluyendo imágenes de deidades prehispánicas, símbolos LGBT y del aborto. Para muchos, fue una provocación abierta. “Es un insulto a la fe cristiana”, declararon líderes católicos y evangélicos.

En ese contexto, varios pastores han comenzado a alertar sobre lo que consideran una avanzada laicista que busca minimizar y arrinconar el papel de la Iglesia en la vida pública. “Esto no es solamente un tema legal. Es espiritual. Estamos viendo cómo desde el poder se intenta borrar nuestras raíces, nuestra historia, nuestra fe”, dijo el pastor Elías Gutiérrez, exalumno del seminario desalojado.
El Seminario Anna Sanders ha sido un bastión de la formación pastoral evangélica en México desde hace más de 55 años. Generaciones enteras de líderes espirituales han salido de sus aulas para servir en comunidades de todo el país. Su cierre forzado no solo representa una pérdida educativa, sino un golpe emocional para miles de creyentes.
Las Asambleas de Dios anunciaron que ya trabajan en la vía jurídica para frenar lo que consideran un atropello sin precedentes. Pero el panorama legal no parece favorable. Con un Congreso afín al poder ejecutivo, un poder judicial debilitado y una administración abiertamente de izquierda, las esperanzas de una resolución pronta y justa son limitadas.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es conocida por sus posturas ateas y su visión de Estado laico, mientras que en la Ciudad de México gobierna Clara Brugada, del mismo corte ideológico. La combinación de ambos liderazgos, según sectores religiosos, ha creado un ambiente cada vez más hostil hacia la fe.
“Nosotros creemos en la justicia divina”, declaró un líder regional de las Asambleas, “pero también lucharemos por justicia terrenal. No nos van a callar. La iglesia está viva y no se rinde”.
El caso ha despertado solidaridad internacional. Pastores de otros países han comenzado a pronunciarse y a denunciar lo ocurrido como una violación grave de los derechos humanos. Se espera que en los próximos días organizaciones evangélicas de Estados Unidos y América Latina eleven su voz ante organismos multilaterales.
Mientras tanto, el templo está cerrado, los candados puestos, y el silencio se apodera de un lugar donde por décadas se predicó la Palabra de Dios. Pero para quienes creen, esta batalla apenas comienza.