Armenia vive una creciente tensión entre el gobierno y la Iglesia Apostólica Armenia luego de que autoridades detuvieran y procesaran a varios arzobispos y clérigos de alto rango, en lo que diversos sectores califican como una ofensiva estatal contra la institución religiosa. Los arrestos se enmarcan en investigaciones por supuestos delitos de incitación, desestabilización del orden constitucional y participación en presuntos complots políticos, cargos que los líderes religiosos rechazan por considerarlos motivados políticamente.

Entre los casos más destacados figuran el de arzobispos señalados de promover protestas contra el gobierno y de impulsar discursos que, según la fiscalía, habrían contribuido a generar inestabilidad. La Iglesia ha denunciado que estas acciones representan un intento del Estado por debilitar su independencia y silenciar voces críticas, mientras organismos internacionales han expresado preocupación por el impacto de estas medidas en la libertad religiosa.

El conflicto ocurre en un contexto político tenso para Armenia, marcado por desacuerdos internos, cuestionamientos a la gestión gubernamental y el impacto de recientes crisis nacionales. Aunque no se ha confirmado que “la mitad de los arzobispos” haya sido encarcelada, sí existe una serie de procesos judiciales y detenciones que mantienen abierta una confrontación directa entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno.