¡Alerta! Datos personales y confidenciales de ciudadanos podrían estar siendo comercializados internacionalmente El 10 de abril de 2026 circuló en redes sociales información sobre un presunto hackeo a la base de datos de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) en Guatemala.

Según estas versiones, tres bases de datos estarían siendo ofrecidas en venta por 1,500 dólares, incluyendo registros de más de 21 mil usuarios, alrededor de 62 mil armas y más de 50 mil certificados en PDF, sumando cerca de 30 GB de información sensible.De confirmarse, la filtración representaría un grave riesgo, ya que expondría datos personales, direcciones y detalles específicos de armas legalmente registradas.

El Ministerio de la Defensa Nacional no ha emitido una postura contundente, limitándose a señalar que se realizan verificaciones y recomendando a los usuarios cambiar sus claves como medida preventiva. Esta falta de claridad ha generado incertidumbre y preocupación.

El tema cobra relevancia en el marco del debate sobre la política de “despistolización” mencionada por el gobierno en distintos momentos. Algunos sectores consideran que una filtración de esta magnitud podría evidenciar mecanismos de control sobre la población armada y temen que la información sea utilizada para restringir la portación legal de armas.

La congresista Sandra Jovel denunció en sus redes sociales que lo ocurrido constituye una “grave vulneración a la seguridad nacional”, asegurando que ya circula un listado de guatemaltecos cuyos datos estarían siendo comercializados internacionalmente, incluso vinculados al uso de criptomonedas.

Mientras tanto, el Ministerio de la Defensa ha emitido comunicados negando los hechos, lo que ha sido criticado por considerarse insuficiente y poco transparente.Expertos señalan que la situación evidencia la urgencia de una Ley de Ciberseguridad seria y confiable, liderada por funcionarios probos y con criterios técnicos claros. Ante este escenario, se recomienda que el Ministerio Público de Guatemala, a través del Departamento de Investigaciones de Ciberdelitos, investigue de inmediato lo ocurrido para esclarecer si existe una vulneración real de los sistemas y garantizar la protección de los datos de los ciudadanos.