La Asociación de Abogados y Profesionales Cristianos acudió nuevamente a la Corte de Constitucionalidad para solicitar la ampliación de medidas que restrinjan la participación de menores de edad y limiten actividades vinculadas al desfile del orgullo LGBTQ+ en espacios públicos.

Roberto Antonio Cano López, abogado y notario, presidente de la Asociación de Abogados y Profesionales Cristianos, informó este día sobre la presentación de un nuevo amparo constitucional en única instancia ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con el objetivo de ampliar las medidas de protección relacionadas con el denominado desfile del orgullo LGBTQ+.

Según explicó, la acción legal busca reforzar las garantías otorgadas anteriormente por el máximo tribunal constitucional para impedir la participación de menores de edad en estas actividades, argumentando que la presencia de niños y adolescentes en dichos eventos representa un riesgo para su formación moral y psicológica.

«Hoy estamos presentando nuevamente un amparo constitucional para que se amplíe la protección otorgada anteriormente y se impida la participación de niños en estas actividades. Consideramos que debe prevalecer el interés superior de la niñez», manifestó Cano López.

El profesional del derecho señaló además que solicitarán que las autoridades competentes hagan cumplir de manera estricta las resoluciones emitidas por la Corte, advirtiendo que, de no hacerlo, pedirán que se deduzcan responsabilidades por presunta desobediencia.

Dentro de la petición también se plantea que este tipo de actividades no se desarrollen en las vías públicas y sean trasladadas al ámbito privado. Cano López sostuvo que los organizadores deben respetar, a su criterio, «la integridad moral, física, mental y visual» de los menores de edad.

Durante su intervención, el presidente de la Asociación de Abogados y Profesionales Cristianos cuestionó diversas expresiones vinculadas al movimiento LGBTQ+ y aseguró que varios países han adoptado restricciones relacionadas con contenidos sobre identidad de género y orientación sexual en centros educativos.

Asimismo, hizo referencia específica a Antigua Guatemala, señalando que la solicitud tiene alcance nacional, pero incluye un llamado a las autoridades locales para impedir que estas actividades se desarrollen en la ciudad colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El abogado indicó que corresponderá tanto a las autoridades nacionales como municipales actuar dentro del marco de sus competencias para hacer valer las disposiciones que eventualmente resuelva la Corte de Constitucionalidad.

Hasta el momento, ni la Corte de Constitucionalidad ni representantes de organizaciones defensoras de los derechos de la población LGBTQ+ se han pronunciado sobre esta nueva acción legal.

El debate en torno a este tema continúa generando posiciones encontradas en distintos sectores del país. Mientras grupos conservadores insisten en la necesidad de establecer límites para proteger a la niñez, organizaciones de derechos humanos sostienen que las actividades del orgullo LGBTQ+ constituyen expresiones amparadas por derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y no discriminación.