Por Redacción Internacional | www.lapalabra.gt
El Parlamento israelí (Knéset) ha encendido una nueva alarma internacional al aprobar este miércoles una moción simbólica —sin efecto legal inmediato— a favor de la anexión de Cisjordania, un territorio palestino ocupado desde 1967 y cuya soberanía ha sido objeto de disputa constante. Aunque no vinculante, la medida es leída por analistas como una clara declaración de intenciones por parte del actual bloque de derecha y extrema derecha que domina la política israelí.
La moción, presentada por miembros del partido Sionismo Religioso, el oficialista Likud y Yisrael Beitenu, fue aprobada por 71 votos a favor, 13 en contra y una notable cifra de 84 abstenciones. La fórmula utilizada fue la de “moción a la agenda”, un mecanismo parlamentario que no tiene carácter legislativo, pero que marca posición política.
En su intervención posterior a la votación, el presidente del Parlamento, Amir Ohana, sostuvo que «la ocupación no comenzó en 1967, terminó«, y argumentó que Judea y Samaria —los nombres bíblicos que Israel da a Cisjordania— son territorios que pertenecen históricamente al pueblo judío. “Los judíos no pueden ser ocupantes en su propia tierra”, afirmó Ohana, ignorando las numerosas resoluciones internacionales que califican la ocupación como ilegal.
El trasfondo de la votación es altamente sensible. La moción llega en un momento de creciente expansión de asentamientos en Cisjordania y de tensión militar en toda la región. Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, el Ejército israelí ha intensificado sus operaciones en territorio palestino, y los asentamientos —ilegales bajo el derecho internacional— han proliferado a un ritmo acelerado.
De acuerdo con la organización Peace Now, desde octubre de 2023 se han creado al menos 40 nuevos asentamientos y 89 puestos de avanzada, que son estructuras mínimas, a menudo solo una caseta o una granja, que marcan el inicio de un asentamiento. Aunque son ilegales incluso para la legislación israelí, rara vez son reprimidos, y con frecuencia se legalizan retroactivamente.
El discurso de los impulsores de la moción apunta a consolidar una visión del “Gran Israel” y rechaza explícitamente cualquier fórmula de solución basada en la división territorial. Según el texto aprobado, “Israel no acepta soluciones que impliquen concesiones territoriales peligrosas y está comprometido con asegurar un Estado judío seguro”.
Una moción contra el fallo de la Corte Internacional de Justicia
La moción representa también una respuesta desafiante al fallo emitido el pasado 19 de julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que concluyó que la ocupación de Cisjordania por parte de Israel es ilegal, e instó al Estado hebreo a revocar toda legislación que facilite o legitime dicha ocupación, así como desmantelar todos los asentamientos y el muro de separación construido en el territorio ocupado.
Lejos de acatar la resolución del máximo tribunal internacional, el Parlamento israelí ahora señala en la dirección opuesta, en lo que muchos interpretan como un mensaje de desdén hacia el derecho internacional y hacia cualquier mecanismo multilateral que busque una solución justa al conflicto palestino-israelí.
La comunidad internacional en alerta
La decisión ha provocado consternación en diversas cancillerías. Fuentes diplomáticas europeas han expresado “profunda preocupación” por la moción, que consideran un paso más hacia la formalización de una anexión de facto que lleva años gestándose sobre el terreno. Estados Unidos, tradicional aliado de Israel, no ha emitido aún una reacción oficial, aunque sectores del Congreso ya advierten que esta línea política puede tensar aún más la relación bilateral.
Actualmente, se calcula que más de 500.000 colonos israelíes residen en Cisjordania, sin incluir Jerusalén Este, también ocupada. Su presencia y expansión han sido catalogadas por la ONU como un “obstáculo mayor para la paz”.
Conclusión: El simbolismo como antesala
Aunque carece de efectos legales inmediatos, esta moción puede ser interpretada como un ensayo general para una futura legislación vinculante. La estrategia parece clara: preparar el terreno político, cultural y legal para que la anexión de Cisjordania deje de ser una posibilidad retórica y pase a convertirse en realidad jurídica.
En palabras de un diplomático europeo en Jerusalén: “Cuando una ocupación ilegal se normaliza en el discurso político, solo es cuestión de tiempo antes de que se intente legalizarla con votos.”
Israel avanza, simbólicamente hoy, pero quizás legalmente mañana, hacia una redefinición del mapa que lleva décadas ensangrentando la región. Y lo hace mientras el mundo mira —una vez más— sin saber si actuar, condenar o simplemente acostumbrarse.
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