Un grupo de más de 150 cristianos protestantes han sido desplazados por la fuerza de sus comunidades en el Estado de Hidalgo, México.
De acuerdo con la información proporcionada, funcionarios del Gobierno los están presionando para que firmen un acuerdo que viola las protecciones de derechos humanos, según un organismo de vigilancia del acoso con sede en el Reino Unido.
Durante una conferencia el pastor Rogelio Hernández y el líder de la iglesia Nicolás Hernández expresaron su negativa a aceptar el acuerdo impulsado por el Gobierno municipal de Huejutla de los Reyes, según información Christian Solidarity Worldwide.
El acuerdo
Este permitiría a los líderes locales responsables del desplazamiento forzado masivo imponer multas de 150 mil pesos mexicanos, lo equivalente alrededor de 9 mil dólares, a las víctimas, prohibir el regreso de tres familias y permitir que otras familias regresen bajo severas restricciones a su libertad de religión o creencias, que están en vigor desde 2015.
Los miembros de la iglesia Bautista Grande Comisión, desplazados desde el 26 de abril, inicialmente encontraron refugio en el edificio de la presidencia Municipal y luego fueron trasladados a otro lugar.
Han dependido de la ayuda de las iglesias locales ya que el Gobierno no proporciona los suministros esenciales. De acuerdo con la información proporcionada, el grupo incluye 75 niños y bebés.
Se conoce que las violaciones de derechos humanos vinculados a la libertad religiosa han sido graves en los pueblos de Coamila y Rancho Nuevo desde 2015. Las autoridades locales han intentado obligar a la minoría religiosa a participar en festivales religiosos de otras creencias, incluidas donaciones financieras y actos de culto. A pesar de la documentación detallada de estos incidentes, el Gobierno Municipal niega que estén relacionados con la religión.
El grupo de cristianos desplazados creció a más de 150, y a varias personas que estaban trabajando fuera de las ladeas en el momento del desplazamiento no se les permitió regresar a sus hogares.