Un escándalo sacude al distrito escolar del Condado de Fairfax, Virginia, luego de que se revelara que varios miembros del personal de la Escuela Secundaria Centreville habrían organizado y financiado abortos para estudiantes menores de edad sin informar a sus familias, violando la ley estatal y los derechos parentales.

La denuncia, que data de 2021 pero salió a la luz recientemente, está siendo investigada por las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS). La superintendente Michelle Reid confirmó que la investigación es “inmediata y exhaustiva” y afirmó que, de comprobarse las acusaciones, las acciones serían “inaceptables” y un grave atentado contra el bienestar de los estudiantes.

Según documentos y testimonios citados por medios locales como WJLA-TV y WC Dispatch, dos estudiantes de la secundaria Centreville habrían sido acompañadas por personal escolar a clínicas para interrumpir sus embarazos sin que sus padres tuvieran conocimiento alguno. Una de las jóvenes, de 17 años y embarazada de cinco meses, relató en una carta manuscrita que una maestra le programó la cita, pagó el procedimiento y mantuvo todo en secreto. La estudiante explicó que temía la reacción negativa de su familia si se enteraba de su embarazo y aborto.

La segunda joven, también alumna de Centreville, narró que la misma maestra le aseguró que no tenía “otra opción” para su embarazo. En su caso, huyó de la clínica en busca de ayuda tras el procedimiento. Ambas estudiantes aseguran que el director de la escuela estaba al tanto y apoyó el financiamiento de los abortos.

Estas denuncias llegan en un contexto legal sensible. En Virginia, la ley exige que los padres den su consentimiento para que una menor pueda someterse a un aborto, salvo que la adolescente consiga una exención judicial. Sin embargo, las políticas internas del FCPS sobre “Asesoramiento para estudiantes embarazadas” indican que el personal debe animar a las jóvenes a hablar con sus padres o tutores, aunque no se exige informar a las familias ni se obliga a los empleados escolares a reportar estos casos. La directiva también instruye que los empleados remitan a las estudiantes a la enfermería pública o al Departamento de Salud sin influir en su decisión sobre el embarazo.

La superintendente Reid, en su carta a la comunidad escolar, expresó su preocupación y el compromiso del distrito para esclarecer los hechos. “En ningún momento esta situación sería aceptable en FCPS”, dijo, “y todos merecemos saber qué sucedió realmente”.

El caso ha generado una ola de indignación y críticas por parte de grupos pro-vida y políticos conservadores. Organizaciones como 40 Días por la Vida calificaron las acciones como “explotación infantil financiada por el estado” y demandaron que los responsables sean llevados ante la justicia. Karen Hamilton, candidata republicana a la Cámara de Delegados de Virginia, alertó que de aprobarse ciertas enmiendas demócratas sobre el aborto, los padres podrían quedar excluidos de decisiones médicas tan importantes, a pesar de que menores no pueden tomar ni un analgésico en la escuela sin autorización.

Penny Nance, directora ejecutiva y presidenta de Concerned Women for America, pidió al fiscal general de Virginia, Jason Miyares, que tome cartas en el asunto. “Esto es absolutamente indignante si se confirma, un atropello total a los derechos de los padres”, afirmó en sus redes sociales.

El periodista Walter Curt, fundador del medio WC Dispatch que reportó las cartas y denuncias, escribió que “si dos adolescentes asustadas pueden describir el mismo consejero, la misma clínica y la misma manera en que se financió y silenció todo, el sentido común indica que la escuela está cubriendo una herida mucho más profunda”.

Este caso abre un debate urgente sobre la transparencia en las escuelas, los derechos de los padres y el respeto a la ley en materia de salud reproductiva en Virginia. Mientras la investigación continúa, la comunidad educativa y las autoridades estatales están bajo presión para esclarecer responsabilidades y garantizar la protección de los menores.