El Congreso hondureño se negó a ratificar el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, argumentando que vulnera la soberanía nacional y abre la puerta a agendas internacionales ajenas a la realidad del país.

La noche del martes se convirtió en un campo de tensión política y social cuando el Congreso Nacional votó en contra de adherirse al protocolo impulsado por la ONU. El documento, presentado por el Poder Ejecutivo, buscaba que niños, niñas y adolescentes pudieran presentar denuncias ante un comité internacional si no encontraban justicia en el ámbito nacional.

Lejos de ser un simple trámite diplomático, la propuesta encendió alarmas en distintos sectores. Organizaciones ciudadanas y partidos de oposición lo calificaron como un “caballo de Troya” que colocaría a Honduras bajo la supervisión de un comité extranjero sin conexión con la realidad del país.

“El protocolo permitiría que organismos internacionales se entrometan en nuestras leyes y costumbres, incluso en temas sensibles como el cambio de sexo en menores”, advirtió el diputado Tomás Zambrano, del Partido Nacional.

Los cuestionamientos no solo fueron de fondo, sino también de forma: el dictamen fue introducido al Congreso a última hora y sin consultas a padres de familia, iglesias o grupos provida. Para el movimiento Por Nuestros Hijos, este secretismo evidencia “mala fe y una peligrosa falta de transparencia”.

Los críticos sostienen que la patria potestad y la protección de la niñez deben seguir en manos de las familias y las instituciones nacionales, no en un comité internacional con potestad de responsabilizar al Estado hondureño por decisiones soberanas.

Con este rechazo, Honduras se mantiene entre los 130 países que aún no han ratificado el protocolo, defendiendo —según los opositores— un principio irrenunciable: que los hijos se protegen en casa, no en despachos extranjeros.