La ONG Amnistía Internacional solicitó a las autoridades polacas que suspendan la investigación contra la Dra. Gizela Jagielska, quien realizó un aborto en octubre de 2024 en su hospital de Oleśnica, en el suroeste de Polonia. Según el comunicado de la ONG, la médica actuó dentro de un marco de atención médica, aunque el aborto se realizó en el tercer trimestre de gestación, cuando el feto ya era viable fuera del útero.

El comunicado de Amnistía Internacional sostiene que quienes realizan abortos deben poder ejercer su labor sin enfrentar “daños físicos o mentales ni temor a sufrirlos, y sin discriminación”. Sin embargo, el propio documento reconoce que la Sociedad Polaca de Ginecólogos y Obstetras considera que, una vez alcanzada la viabilidad fetal, los embarazos no deben interrumpirse bajo ninguna circunstancia.

En 2021, el Tribunal Constitucional de Polonia eliminó el motivo de discapacidad fetal como causa legal para el aborto, lo que complica la posición legal de la Dra. Jagielska. La ONG describe el aborto como un “tratamiento médico” y lo enmarca dentro de los derechos de salud sexual y reproductiva, asegurando que no debe considerarse un delito.

El caso se basó en el diagnóstico del feto con la forma más grave de osteogénesis imperfecta, un trastorno óseo congénito. La justificación presentada fue que el bebé moriría poco después del nacimiento y sufriría mucho. Sin embargo, estudios recientes, como el publicado en febrero de 2025 por PubMedCentral, señalan que la mayoría de los niños diagnosticados con osteogénesis imperfecta grave pueden sobrevivir con atención médica especializada.

Expertos señalan que el riesgo de salud previsto por la ley polaca se refiere a la madre, y no al feto, por lo que la alegación de riesgo materno en este caso no está claramente fundamentada. Además, no existe un “derecho al aborto” reconocido internacionalmente como derecho humano vinculante; lo que sí reconocen todos los países y sistemas de derechos humanos es el derecho a la vida.

El caso ha generado un debate internacional sobre los límites del aborto, la interpretación de los derechos humanos y la protección de la vida prenatal, mientras que Amnistía Internacional continúa defendiendo la posición de la médica ante la justicia polaca.