El representante a la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, denunció una peligrosa escalada de violencia política en Colombia, señalando directamente al presidente Gustavo Petro como responsable de incitarla desde su discurso del 1 de mayo. En sus palabras, lo que comenzó como un mensaje incendiario en la Plaza de Bolívar terminó transformándose en un acto criminal: el ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Durante una intervención reciente, Uscátegui no escatimó en calificativos. Acusó a Petro de haber activado una “bandera de guerra y muerte” contra la oposición, al convertir su discurso en una plataforma para señalar, deslegitimar y exponer a los congresistas críticos como enemigos del pueblo. Según el congresista, la retórica del mandatario no solo polariza, sino que habilita el odio político como herramienta de presión y violencia.

“Ese discurso fue una sentencia. No una reflexión política, sino una provocación deliberada, dirigida a estigmatizar a quienes no piensan como él”, declaró Uscátegui. En su análisis, el mensaje presidencial del Día del Trabajo no fue un llamado a la unidad ni al diálogo, sino una advertencia velada contra la disidencia, especialmente la que proviene del Congreso.

Las alarmas se encendieron cuando, días después de aquel discurso, el senador Miguel Uribe, también del Centro Democrático, fue víctima de una agresión violenta que ha conmocionado al país. Aunque las autoridades aún investigan los detalles del hecho, Uscátegui fue enfático en trazar una línea directa entre el lenguaje del presidente y el contexto que permitió o incluso alentó el ataque.

«Lo que se dice desde el poder tiene consecuencias reales», advirtió, citando casos históricos donde los discursos encendidos desembocaron en violencia política. El representante considera que en Colombia no puede normalizarse la agresión contra quienes piensan distinto, ni tampoco aceptarse que desde la jefatura del Estado se incite al enfrentamiento.

La situación ha generado preocupación en diversos sectores, incluso entre quienes no militan en la oposición. Algunos analistas han advertido que la democracia colombiana atraviesa un momento de tensión inusitada, en parte alimentada por una narrativa oficial que divide entre «pueblo» y «oligarquía», «reforma» y «traición», «resistencia» y «enemigos del cambio». En ese esquema, los opositores terminan convertidos en blancos políticos y, eventualmente, en objetivos de agresiones.

El caso de Uribe Turbay fue condenado por distintas fuerzas políticas, aunque desde el gobierno se ha optado por el silencio o respuestas formales. No ha habido, hasta el momento, una manifestación clara de Petro desvinculando sus palabras del acto violento, ni un llamado explícito a la no estigmatización de la oposición.

Uscátegui advierte que esta omisión alimenta la sensación de impunidad y de legitimación de la violencia contra los disidentes. Para él, Colombia se encuentra en una peligrosa pendiente que podría derivar en más ataques, más silencios cómplices y menos garantías para la oposición.

Y mientras la Fiscalía y la Policía avanzan en las indagaciones del caso Uribe, desde el Centro Democrático se exige no solo justicia penal, sino responsabilidad política y ética por parte del presidente Petro. “Quien habla desde el Palacio de Nariño no es un activista, es el jefe de Estado. Y su deber es proteger a todos los colombianos, no incitar a unos contra otros”, recordó Uscátegui.

Más allá de la coyuntura, lo que está en juego —según la oposición— es el respeto por las reglas democráticas, el pluralismo y la posibilidad de disentir sin miedo. En un país marcado por décadas de violencia política, el uso del lenguaje no es neutro: puede abrir caminos de reconciliación o volver a encender las brasas del odio.

“Lo que comenzó con un discurso puede terminar con más víctimas si no se actúa con responsabilidad”, concluyó el congresista, quien insiste en que la vida y la democracia no pueden ser moneda de cambio en el debate político.