Una nueva propuesta del gobierno mexicano ha encendido las alarmas entre padres de familia, organizaciones civiles y defensores de los derechos de la infancia. Se trata de la Norma Oficial Mexicana NOM-005, una iniciativa que permitiría entregar métodos anticonceptivos, incluida la pastilla del día siguiente, a niñas desde los 10 años sin necesidad del consentimiento parental.

El gobierno federal argumenta que se trata de una medida orientada a la “planificación familiar” y al acceso igualitario a la salud reproductiva. Sin embargo, los críticos de la norma alertan que la NOM-005 podría vulnerar gravemente los derechos de los padres, eliminar la objeción médica, y abrir peligrosas puertas al ocultamiento de abusos sexuales contra menores.

Según la redacción actual de la propuesta, los profesionales de salud estarán obligados a proporcionar métodos anticonceptivos sin importar la edad o el contexto, y no podrán negarse ni siquiera por motivos de conciencia, riesgo médico o falta de madurez en la menor.

Organizaciones como Actívate, junto a líderes sociales y expertos en derechos humanos, han iniciado una campaña nacional para frenar la implementación de la NOM-005. Han elevado una petición formal al Subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, advirtiendo que esta norma socava el rol protector de la familia y expone a las niñas a nuevas formas de violencia y explotación.

Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de protocolos para detectar señales de abuso sexual. «Si una niña de 10 años solicita anticonceptivos, ¿por qué no se investiga el entorno que la lleva a esa situación?«, cuestionan activistas. “Esta norma, en lugar de protegerlas, puede facilitar que agresores encubran sus delitos y perpetúen el daño”.

Además, la NOM-005 silencia a los padres, excluyéndolos del derecho a velar por el bienestar físico y emocional de sus hijas. Críticos lo califican como una imposición ideológica que pasa por alto la realidad social y las necesidades emocionales de los menores.

Mientras tanto, el debate crece. Padres, médicos, psicólogos y líderes religiosos piden al gobierno que reevalúe el alcance de esta norma y ponga por delante el interés superior del niño.