El 9 de mayo de 2025, el Departamento de Defensa de EE. UU. inició la separación de hasta 1,000 militares transgénero, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero y respaldada recientemente por el Tribunal Supremo. La política prohíbe servir a personas diagnosticadas con disforia de género, salvo que cumplan criterios excepcionales, como demostrar 36 meses consecutivos de estabilidad en su sexo asignado al nacer, no haber intentado una transición y adherirse a todos los estándares asociados a su sexo biológico.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que los militares activos tienen 30 días para separarse voluntariamente, mientras que los reservistas disponen de 60 días. Posteriormente, se iniciarán procedimientos de separación involuntaria. Además, se revisarán los registros médicos para identificar a quienes no se hayan autodenunciado.

La política ha generado críticas por parte de defensores de los derechos civiles y militares afectados, quienes argumentan que es discriminatoria y perjudica la preparación militar al perder personal capacitado. Organizaciones como GLAD Law y el National Center for Lesbian Rights han presentado demandas legales, alegando que la medida viola los derechos constitucionales de igualdad y debido proceso.

Esta acción revive una prohibición similar implementada durante el primer mandato de Trump, que fue revertida por el presidente Biden en 2021. Con la reinstauración de la prohibición, se estima que más de 4,200 militares transgénero podrían verse afectados.

La decisión ha provocado un intenso debate sobre los derechos de las personas transgénero en el servicio militar y la política de inclusión en las fuerzas armadas de EE. UU.