Costa Rica enfrentó un intenso debate político y social debido a un proyecto de ley impulsado por el partido Frente Amplio, que proponía permitir a menores de 12 años cambiar su sexo y nombre registral, incluso sin el consentimiento de sus padres. La iniciativa, conocida como Expediente 23.809, contemplaba que, en ausencia de autorización parental, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) podría intervenir para facilitar el trámite, garantizando el acceso en todas sus sedes regionales .

La propuesta generó una fuerte oposición por parte de diversos sectores políticos y sociales. El presidente Rodrigo Chaves calificó el proyecto como «absurdo y ofensivo», afirmando que, de llegar a su escritorio, no lo firmaría . Asimismo, diputados de partidos como Nueva República y el Partido Unidad Social Cristiana expresaron su rechazo, argumentando que la iniciativa atentaba contra la niñez y los derechos de los padres .

El proyecto también proponía que el Estado asumiera los costos de procedimientos médicos o estéticos relacionados con el cambio de género y que se garantizara un 3% de los puestos de trabajo para personas trans, no binarias, de género diverso e intersex . Estas disposiciones fueron criticadas por considerarse una imposición ideológica y una amenaza a los valores familiares tradicionales.

Gracias a la oposición de diversos sectores y al compromiso del presidente Chaves de vetar la ley en caso de ser aprobada, el proyecto no avanzó en la Asamblea Legislativa. Este episodio refleja la profunda división en la sociedad costarricense respecto a temas de identidad de género y los derechos de los menores, destacando la importancia de un debate informado y respetuoso sobre estos asuntos.