Guatemala decretó este domingo 18 de enero un estado de sitio nacional por 30 días, tras una ola de violencia que incluyó motines en cárceles y ataques armados contra la Policía Nacional Civil. La medida, anunciada por Bernardo Arévalo en cadena nacional, busca reforzar la seguridad interna mediante la acción conjunta del Ejército y la PNC contra estructuras criminales.

Ciudad de Guatemala, 18 de enero de 2026.

Bernardo Arévalo de León declaró un estado de sitio en todo el país por 30 días, luego de una serie de disturbios simultáneos en centros penitenciarios y ataques armados que dejaron al menos ocho agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos. La decisión, transmitida en cadena nacional, busca restablecer el orden público y enfrentar a las pandillas que, según el ejecutivo, reaccionaron con violencia a los operativos recientes para recuperar el control del sistema penitenciario y eliminar privilegios ilegales.

“No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo del país”, afirmó Arévalo, quien también anunció tres días de duelo nacional en memoria de los policías caídos. Alcances legales del estado de sitio El estado de sitio es un régimen de excepción contemplado en la Constitución Política de la República de Guatemala y regulado por la Ley de Orden Público.

Permite al Ejecutivo limitar temporalmente derechos como la libertad de locomoción, reunión y manifestación, con el objetivo de garantizar la seguridad interna. Autoriza la participación directa del Ejército en tareas de seguridad ciudadana, en apoyo a la Policía Nacional Civil. La participación del Congreso de la República El decreto debe ser remitido al Congreso de la República, que puede ratificarlo, modificarlo o improbarlo. Arévalo subrayó que la medida no implica una paralización de la vida cotidiana ni del funcionamiento de instituciones públicas y privadas.

Las clases presenciales fueron suspendidas únicamente por un día como medida preventiva. Contexto de violencia y operativos Los motines se registraron en al menos tres cárceles del país (Fraijanes II, Renovación I y el Sector 11 del Preventivo de la zona 18). Las fuerzas combinadas lograron recuperar el control de los recintos y liberar a los rehenes sin víctimas mortales. Sin embargo, los ataques posteriores contra agentes policiales precipitaron la decisión presidencial.

Implicaciones El estado de sitio coloca a Guatemala en un escenario de máxima alerta, con despliegue militar y policial en todo el territorio. Según el Ejecutivo, la medida refleja la intención del Gobierno de no negociar con estructuras criminales y de utilizar todos los recursos legales disponibles para contener la crisis de seguridad.

La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han señalado que este tipo de regímenes de excepción deben aplicarse bajo estricta supervisión institucional, garantizando que las limitaciones a derechos fundamentales sean proporcionales y temporales.