La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo decisivo en favor de la libertad religiosa y los derechos de los padres, al establecer que las escuelas públicas no pueden obligar a los estudiantes a recibir enseñanzas contrarias a sus creencias morales o religiosas, incluyendo contenidos relacionados con la ideología LGBTIQ+.

El histórico dictamen marca un precedente constitucional que refuerza la autonomía de las familias frente a la educación estatal. El caso que dio origen al fallo, Doe v. Portland Unified School District, involucraba a una familia cristiana de Oregón cuyos hijos fueron sancionados por negarse a participar en un programa obligatorio sobre identidad de género y diversidad sexual.

El distrito escolar alegó que no asistir a la clase constituía una “violación de las normas inclusivas”, y los estudiantes enfrentaron desde suspensiones hasta amenazas de expulsión. La Corte, en una votación de 6 a 3, falló a favor de los demandantes.

En su opinión mayoritaria, el juez Samuel Alito argumentó que “el Estado no tiene autoridad para reemplazar el juicio moral de los padres con sus propias preferencias ideológicas”. Añadió que “una educación pública no puede existir en democracia si se convierte en un canal unilateral de adoctrinamiento”.

Los demandantes contaron con el respaldo de organizaciones como Alliance Defending Freedom y Liberty Counsel, que argumentaron que miles de familias en todo el país estaban siendo obligadas a aceptar lineamientos educativos que vulneraban su fe. También se presentó evidencia de que, en al menos 18 estados, padres enfrentaron procesos disciplinarios, amenazas de retirarles la custodia o represalias legales por oponerse a programas con contenido explícitamente sexual en grados escolares tempranos.

En algunos distritos, como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, las escuelas han implementado políticas que incluyen el uso obligatorio de “pronombres elegidos” desde el nivel preescolar, lectura de libros con contenido de transición de género desde los 5 años, y la participación en celebraciones del «mes del orgullo», sin opción de salida para los alumnos cuyos padres disienten.

El fallo de la Corte ahora obliga a estos distritos a ofrecer alternativas o permitir la exención. El juez Clarence Thomas, en una opinión concurrente, fue aún más enfático: “El derecho de los padres a formar moralmente a sus hijos está siendo erosionado por políticas estatales que reemplazan el hogar con la ideología del gobierno”.

Este dictamen también aclara que los sistemas educativos no pueden penalizar a los alumnos por expresar objeciones respetuosas o negarse a repetir afirmaciones contrarias a sus creencias, como recitar “declaraciones de identidad de género” o usar nombres y pronombres asignados por la escuela. Los sectores conservadores y religiosos han celebrado el fallo como “una restauración del sentido común”.

Michael Farris, abogado principal en el caso, declaró: “Esto es una victoria para todos los padres, no solo los cristianos. Se trata del derecho fundamental a criar a tus hijos sin intervención ideológica del Estado”. Por su parte, organizaciones progresistas y activistas LGBTIQ+ han expresado su preocupación.

La directora de Human Rights Campaign calificó la decisión como “un revés que podría alimentar la intolerancia en las aulas”, aunque admitió que el fallo no prohíbe la enseñanza de estos temas, sino que obliga a garantizar el derecho de objeción. En la práctica, esta decisión obliga a los más de 13,000 distritos escolares del país a establecer protocolos claros para que los padres puedan solicitar la exclusión de sus hijos de ciertos contenidos, sin temor a sanciones o discriminación.

También sienta un precedente que podría ser invocado en futuras batallas legales, no solo en el ámbito educativo, sino también en el de salud, redes sociales y formación profesional. El fallo ya está siendo citado por legisladores estatales que buscan impulsar leyes de “derechos parentales” en estados como Florida, Texas, Carolina del Sur y Tennessee. En el Congreso, un grupo de senadores republicanos anunció que presentará un proyecto de ley federal inspirado en este dictamen.

Más allá del impacto inmediato, este caso redefine los límites entre la educación pública, la ideología de género y las convicciones religiosas en Estados Unidos. La pregunta ahora es si este equilibrio podrá sostenerse en medio de un clima cultural cada vez más polarizado. Para muchos, sin embargo, este dictamen representa algo más que un fallo judicial: una reafirmación del papel irremplazable de los padres en la formación de sus hijos.