Editorial | El último bastión frente a la censura: la libertad de expresión está en riesgo

La libertad de expresión no es simplemente un derecho; es la base sobre la que se construye una sociedad democrática. Es el principio que nos permite alzar la voz, debatir ideas y cuestionar el poder sin temor a represalias. Sin ella, el pensamiento crítico se debilita, la información se distorsiona y el pueblo pierde su…

La libertad de expresión no es simplemente un derecho; es la base sobre la que se construye una sociedad democrática. Es el principio que nos permite alzar la voz, debatir ideas y cuestionar el poder sin temor a represalias. Sin ella, el pensamiento crítico se debilita, la información se distorsiona y el pueblo pierde su capacidad de decidir con conocimiento. En Guatemala, este derecho está protegido por la Constitución Política de la República, pero no por ello deja de estar bajo amenaza. La censura indirecta, la concentración de medios y la intimidación a periodistas son pruebas de que nuestra libertad de expresión no puede darse por sentada.

El marco jurídico que nos respalda

El Artículo 35 de la Constitución establece que «la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura previa, es libre». También el Artículo 5 y el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconocen este derecho sin restringir el pensamiento antes de que sea expresado, aunque existan mecanismos legales para sancionar la “difamación, calumnia e injuria”. Pero ¿cómo garantizar estos principios si se convierten en herramientas de persecución?

Hoy la Ley de Emisión del Pensamiento tiene efectos simbólicos, pero su aplicación efectiva es escasa. En su lugar, el delito de difamación se enjuicia en instancias penales, generando un ambiente de libertad supeditada a la narrativa, y por ello con graves efectos en la prensa y el libre ejercicio del periodismo.

A nivel internacional, Guatemala está obligada a respetar tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que condenan la censura y protegen la libre difusión de ideas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en su postura: sin libertad de expresión, no hay democracia.

Los desafíos que enfrentamos

A pesar de estos principios, la realidad nos muestra una lucha constante contra quienes desean limitar el acceso a la verdad. La censura indirecta —mediante presiones económicas sobre los medios de comunicación, amenazas a periodistas y restricciones a la información pública— es una amenaza que no podemos ignorar.

El control de medios por grupos de poder reduce la diversidad de voces en el debate nacional, afectando el derecho de los ciudadanos a recibir información objetiva.

Los avances tecnológicos, si bien han permitido la democratización de la comunicación, también habrían la puerta a la manipulación informativa y las noticias falsas sin rendición de cuentas. ¿Debe el Estado intervenir en la regulación de estos espacios sin comprometer la libertad de expresión? Es una pregunta urgente en este mundo digitalizado.

En los últimos años, se han registrado múltiples intentos de censura en Guatemala. Reportes de organismos internacionales han alertado sobre el peligro de retrocesos democráticos y la criminalización de periodistas. Sin protección adecuada, el ejercicio del periodismo libre está gravemente en riesgo.

El problema no es solo de medios

Este problema va más allá de un escándalo o del ámbito legal. La sociedad tiene un rol fundamental en su protección. Si permitimos que se silencie a quienes denuncian abusos de poder o expresan voces críticas, estaremos renunciando a nuestra capacidad de exigir justicia y transparencia.

Una democracia sin libertad de expresión es una democracia vacía, resiliente únicamente desde la indiferencia y el cálculo del poder. Por eso, no basta con reconocer este derecho; debemos defenderlo, ejercerlo y promoverlo activamente.

En tiempos de desinformación, la libertad de expresión no solo es un derecho, es una piedra angular de la salud justa. Si se pierde este derecho, se pierde también la posibilidad de construir una ciudadanía informada y participativa. Por eso, es momento de levantar la voz en defensa de este último bastión.

La historia nos recuerda que los regímenes autoritarios comienzan censurando. Nos corresponde —ciudadanos, líderes de opinión, medios de comunicación, iglesias, universidades— no ser cómplices del silencio. La libertad de expresión es, en definitiva, la libertad de ser una sociedad pensante, crítica y capaz de construir su propio destino.
Sin ella, Guatemala no es democracia; sin ella, el poder no sirve a la justicia; sin ella, el pueblo perece.

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