Asunción, Paraguay | 6 de noviembre de 2026. Paraguay atraviesa una profunda crisis política y financiera después de que el presidente Santiago Peña anunciara su renuncia en medio del colapso de ueno bank, una entidad bancaria digital cuyo crecimiento acelerado y vínculos empresariales han quedado bajo investigación.
La crisis adquirió una nueva dimensión este viernes, cuando el Senado inició las actuaciones correspondientes al juicio político contra el mandatario, a pesar de que este había presentado su dimisión el día anterior.
Según Reuters, la renuncia todavía no había sido aceptada formalmente, por lo que el vicepresidente Pedro Alliana permanecía a la espera de una eventual sucesión constitucional.
La defensa presidencial solicitó 72 horas adicionales para preparar sus argumentos, pero el Senado rechazó la petición.
¿Cómo comenzó la crisis bancaria?
El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de ueno bank después de determinar que su indicador de solvencia había descendido por debajo del 50 % del mínimo exigido legalmente.
La decisión fue adoptada el 2 de noviembre y comunicada públicamente el día 3, tras ajustes realizados a los estados financieros de la entidad durante un proceso de regularización.
El procedimiento busca preservar los activos disponibles, proteger a los depositantes y evitar que los problemas de una institución afecten al conjunto del sistema financiero paraguayo.
Ueno había experimentado un rápido crecimiento desde sus inicios como empresa de servicios financieros digitales en 2021.
Según información divulgada por la propia institución y recogida por Reuters, el banco contaba con aproximadamente tres millones de clientes y administraba unos 850 millones de dólares en recursos públicos, incluidos fondos de instituciones estatales y organismos relacionados con pensiones.
Su intervención provocó dificultades para acceder a cuentas bancarias y desencadenó protestas de usuarios preocupados por sus ahorros.
Las investigaciones sobre operaciones financieras
La atención de las autoridades se ha concentrado en presuntas operaciones crediticias con empresas vinculadas al accionista controlador del banco, Grupo Vázquez.
Las investigaciones buscan determinar si existieron préstamos excesivos, irregularidades contables o deficiencias en los controles internos y en la supervisión financiera.
La Fiscalía también abrió actuaciones relacionadas con el presidente Peña y con personas vinculadas a la administración bancaria.
Durante la semana se emitieron órdenes de captura contra ocho ejecutivos de ueno, quienes posteriormente se presentaron ante las autoridades.
Este viernes se informó que directivos investigados fueron trasladados a un establecimiento penitenciario destinado a personas en prisión preventiva.
Las investigaciones continúan y las acusaciones no constituyen condenas judiciales.
Los vínculos del presidente Santiago Peña
El presidente paraguayo, economista y dirigente del conservador Partido Colorado, ha sido objeto de cuestionamientos debido a sus antiguos vínculos empresariales con Grupo Vázquez.
Peña ha declarado que mantuvo participación en ese conglomerado hasta marzo de 2025, cuando vendió sus acciones.
Por su parte, ueno ha sostenido que el mandatario nunca fue accionista ni inversionista directo de la entidad bancaria.
Las acusaciones políticas incluyen presuntos conflictos de interés, cuestionamientos sobre la utilización de fondos previsionales y posibles interferencias en los mecanismos de supervisión.
Peña ha rechazado haber cometido irregularidades y sostiene que las responsabilidades deben determinarse por las vías judiciales correspondientes.
La renuncia presidencial y el juicio político
El jueves 5 de noviembre, Santiago Peña anunció su decisión de renunciar a la Presidencia de Paraguay en medio de una creciente presión política y social.
Sin embargo, el anuncio no produjo automáticamente una transferencia del poder.
La Cámara de Diputados avanzó con la acusación política y el Senado inició el procedimiento para examinar las responsabilidades atribuidas al mandatario.
Durante la jornada del viernes, la defensa presidencial solicitó una ampliación de 72 horas para preparar su comparecencia, petición que fue rechazada por el Senado.
Los legisladores deben resolver el proceso respetando las garantías constitucionales y el derecho de defensa.
El vicepresidente Pedro Alliana es el sucesor constitucional previsto ante una vacancia definitiva de la Presidencia, pero su eventual toma de posesión depende de las decisiones institucionales pendientes.
Comienza la devolución de depósitos
Mientras continúa la incertidumbre política, las autoridades financieras iniciaron medidas para atender a los clientes afectados.
El Banco Central del Paraguay anunció el comienzo de una primera etapa de pagos destinada a depositantes con saldos de hasta diez millones de guaraníes, siempre que no tengan deudas con ueno y dispongan de una cuenta habilitada en otra entidad financiera.
El régimen general de garantía de depósitos establece una cobertura máxima de 228.3 millones de guaraníes por depositante y entidad, equivalente a 75 salarios mínimos de referencia.
La cobertura legal no implica necesariamente que todos los fondos sean devueltos de forma inmediata, pues los pagos dependen de los procedimientos administrativos establecidos.
Algunos clientes comenzaron a recuperar su dinero desde la noche del jueves, aunque otros continúan a la espera.
La situación ha generado especial preocupación entre jubilados y pensionados que recibían prestaciones mediante el banco intervenido.
¿Existe riesgo para todo el sistema financiero?
El Banco Central paraguayo sostiene que la situación de ueno constituye un caso particular y no refleja una crisis generalizada del sistema bancario nacional.
Sin embargo, el impacto institucional ha generado inquietud entre inversionistas y organismos que observan la evolución de la economía paraguaya.
La renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, también ha intensificado los cuestionamientos sobre la supervisión financiera, debido a que anteriormente había dirigido la entidad predecesora de ueno.
El organismo regulador ha rechazado que existiera un conflicto de interés en sus actuaciones y sostiene que Carvallo se apartó de las decisiones relacionadas con el banco.
Una crisis que plantea interrogantes para América Latina
El caso paraguayo trasciende las fronteras nacionales por la importancia de los recursos públicos administrados por instituciones privadas y por la necesidad de contar con sistemas de supervisión independientes y eficaces.
La investigación deberá determinar cuándo se identificaron los problemas financieros, qué medidas se adoptaron y si existieron decisiones u omisiones contrarias a la legislación.
También deberá establecerse qué mecanismos permitieron concentrar importantes recursos estatales en una entidad que posteriormente presentó insuficiencia de solvencia.
Para Guatemala y otros países latinoamericanos, la situación plantea interrogantes sobre la administración de fondos previsionales, los conflictos de interés y las garantías que protegen el ahorro ciudadano.
La crisis de ueno bank continúa abierta en tres frentes: la recuperación del dinero de los depositantes, las investigaciones judiciales y el futuro político de Santiago Peña.
El desenlace dependerá de las decisiones que adopten las autoridades paraguayas en los próximos días.
