Obtener personalidad jurídica podría convertirse en un proceso mucho más sencillo para las iglesias y asociaciones sin fines de lucro de Guatemala.
La Iniciativa de Ley 6606, presentada por el diputado Ronald Yomelfy Portillo Cordón, propone reducir los procedimientos administrativos a un máximo de 15 días hábiles, eliminar los cobros estatales relacionados con el reconocimiento jurídico y establecer nuevas garantías para el funcionamiento de estas organizaciones.
La propuesta busca atender las dificultades que enfrentan congregaciones, ministerios y asociaciones comunitarias al momento de formalizar sus actividades.
Actualmente, estos procesos pueden implicar gastos administrativos, requisitos documentales y gestiones ante distintas instituciones públicas.
El proyecto plantea simplificar estos procedimientos mediante reglas claras, plazos definidos y una mayor coordinación entre las entidades estatales.
Menos trámites y más tiempo para servir a las comunidades
Uno de los principales cambios propuestos es establecer un plazo máximo de 15 días hábiles para completar el procedimiento de inscripción.
La iniciativa distribuye ese tiempo entre la constancia de novedad, revisión jurídica, emisión del acuerdo ministerial y publicación oficial.
Para una iglesia o asociación que busca formalizarse, contar con plazos definidos permitiría planificar con mayor certeza sus actividades y reducir el tiempo dedicado a gestiones administrativas.
La propuesta también pretende evitar que las instituciones públicas exijan requisitos adicionales que no estén contemplados en la ley.
De aprobarse, las organizaciones contarían con un procedimiento específico para obtener su reconocimiento jurídico.
Inscripciones y publicaciones sin cobros estatales
Otro de los beneficios contemplados es la gratuidad administrativa.
El artículo 8 establece que ninguna dependencia estatal podrá exigir pagos o aranceles por inscripciones, publicaciones, dictámenes o registros relacionados con el reconocimiento jurídico.
Esta disposición permitiría reducir los costos de formalización, especialmente para pequeñas congregaciones y organizaciones que funcionan con aportes voluntarios de sus integrantes.
La iniciativa mantiene la exigencia de escritura pública de constitución y estatutos, por lo que la gratuidad propuesta corresponde a los procedimientos estatales y no necesariamente a los servicios notariales.
Mayor protección para la autonomía de las iglesias
El proyecto también incorpora disposiciones dirigidas a proteger la organización interna de las entidades religiosas.
El artículo 10 reconoce su facultad para determinar sus estructuras, autoridades, reglas internas y doctrina, sin injerencia estatal, salvo por razones de orden público.
Asimismo, prohíbe exigir modificaciones a los estatutos por motivos ideológicos o religiosos.
Estas disposiciones se relacionan con el artículo 37 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que reconoce la personalidad jurídica de las iglesias y entidades religiosas y establece garantías para su reconocimiento.
La propuesta busca trasladar esas garantías constitucionales a procedimientos administrativos concretos.
Trámites digitales y menos gestiones entre instituciones
La modernización tecnológica también forma parte de la iniciativa.
El artículo 15 contempla la creación de una plataforma digital única que permitiría presentar solicitudes, recibir notificaciones automatizadas y consultar el estado de los expedientes en tiempo real.
Además, el proyecto establece mecanismos de comunicación electrónica entre el Ministerio de Gobernación, el Registro de las Personas Jurídicas (REPEJU) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Con ello se busca facilitar el intercambio de información y reducir la necesidad de realizar gestiones separadas ante distintas instituciones.
Para las organizaciones ubicadas fuera de la capital, disponer de procedimientos digitales podría representar una reducción de desplazamientos y gastos asociados a los trámites presenciales, siempre que la plataforma permita completar efectivamente esas gestiones a distancia.
Disposiciones para donaciones, diezmos y ofrendas
La iniciativa también contempla medidas relacionadas con el funcionamiento financiero de las entidades religiosas.
El artículo 12 propone exenciones tributarias para donaciones, diezmos y ofrendas vinculadas al fin religioso o social.
Asimismo, establece un reporte contable anual simplificado ante la SAT.
En caso de un primer incumplimiento, las entidades podrían subsanar la omisión dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles, sin imposición de multa.
Estas disposiciones buscan simplificar las obligaciones administrativas y tributarias de las organizaciones comprendidas en el proyecto.
Su alcance definitivo dependerá del texto que eventualmente apruebe el Congreso.
Protección contra requisitos arbitrarios y discriminación
El proyecto también establece garantías frente a actuaciones administrativas que puedan afectar a las organizaciones.
El artículo 11 prohíbe exigir requisitos adicionales no previstos en la legislación, así como imponer condiciones basadas en credo, ideología o afinidad política.
Por su parte, el artículo 14 contempla medidas contra la discriminación y sanciones para funcionarios que exijan requisitos no autorizados o provoquen retrasos maliciosos.
La propuesta pretende establecer reglas que permitan a las organizaciones desarrollar sus procedimientos sin exigencias arbitrarias.
¿Cuándo podrían entrar en vigor estos cambios?
Aunque la iniciativa fue presentada el 12 de agosto de 2025, todavía no ha sido conocida en primera lectura por el Pleno del Congreso.
Así lo confirmó el diputado Ronald Portillo a La Palabra.
Por tanto, las disposiciones descritas todavía no constituyen obligaciones legales vigentes.
El proyecto deberá continuar su procedimiento legislativo, durante el cual podrá ser estudiado, discutido y modificado antes de una eventual aprobación.
La iniciativa contempla que, de convertirse en ley, el Ministerio de Gobernación disponga de 60 días para emitir su reglamento.
También establece que el decreto entraría en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Una propuesta para facilitar el trabajo de iglesias y organizaciones sociales
Las iglesias, ministerios y asociaciones sin fines de lucro desarrollan actividades religiosas, educativas, comunitarias y de asistencia social en distintas regiones del país.
Contar con procedimientos administrativos accesibles y reglas claras para su reconocimiento jurídico puede facilitar la formalización de estas organizaciones y el desarrollo de sus actividades.
La Iniciativa 6606 plantea cambios concretos en esa dirección: menos costos administrativos, plazos definidos, herramientas digitales y garantías para la autonomía institucional.
Su contenido continuará sujeto al proceso de revisión legislativa, en el que podrán examinarse las disposiciones relacionadas con su aplicación, alcance tributario y mecanismos de control.
Mientras tanto, la propuesta pone sobre la mesa una discusión relevante para las organizaciones religiosas y sociales de Guatemala: cómo facilitar su reconocimiento jurídico y reducir las barreras administrativas que enfrentan para operar formalmente.
