Los problemas entre el gobierno de Morales y la Cicig comenzaron en el 2017. Antes de eso, puntualmente en 2015, durante la campaña electoral, el entonces candidato presidencial por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), había manifestado públicamente que se sometía a las investigaciones de la Comisión y pediría la prórroga de su mandato hasta 2021.
Incluso, en el 2016 el presidente Morales renovó el mandato de la Cicig. Fue el año siguiente que comenzó una serie de enfrentamientos verbales contra el trabajo de la Comisión, que lo llevaron al punto crítico este lunes 7 de enero, cuando denunció el mandato y desconoció el trabajo de la comisión de las Naciones Unidas.
El 27 de agosto del 2017 Jimmy Morales declaró «non grato» al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, a quien le exigió que abandone el país inmediatamente. La Corte de Constitucionalidad amparó al colombiano y frenó provisionalmente la intención del presidente. La disposición fue emitida el sábado 26 de agosto, el mismo día que Morales regresó al país de su viaje a Nueva York, donde presentó una queja contra la Cicig.
Cinco días más tarde Jimmy Morales anunció que no renovará el mandato de la Cicig, cuyo periodo vencerá el 3 de septiembre de 2019. La ONU recordó lo importante que ha sido la institución bajo el mando de Iván Velásquez. Según Morales, esta decisión era para «fortalecer a las instituciones del Estado» y afirmó que, luego de más de 10 años trabajo, corresponde la transferencia de capacidades de la comisión al Estado.
Pero es hasta el 4 de septiembre del 2018 cuando A través de un oficio, el presidente Jimmy Morales ordenó a la Dirección General de Migración no dejar entrar al jefe de la Cicig por ningún puesto fronterizo del país. La orden presidencial se hizo pública de manera anónima; sin embargo, el Gobierno lo confirmó horas después a través de un comunicado divulgado en su cuenta de twitter.
Y es aquí, el 19 de septiembre de 2018 cuando la ONU emite su primera opinión tajante sobre el tema, respaldando a Ivan Velásquez y el mandato de la Cicig. Confirmando la continuidad de Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, pese a que el Ejecutivo había solicitado que se enviara una lista de candidatos para dirigir la Comisión. En una carta al presidente Jimmy Morales, el secretario António Guterres expresa: «No encuentro razón para retirar la confianza existente en el comisionado Velásquez».
El presidente Morales mantuvo su postura y el 25 de septiembre se dirigió a la 73 Asamblea de la ONU, donde dijo que la Cicig es una amenaza para la paz de Guatemala y cuestionó «la pasividad» del secretario general de ese organismo, António Guterres, respecto a las preocupaciones que él ha planteado sobre la Comisión. El mandatario se dirigió durante 23 minutos a los jefes de Estado presentes en la sesión.
El último gran suceso donde se terminaron de cocinar las condiciones para llegar al presente fue la revocación de 11 visas a investigadores de Cicig, impidiéndoles así el ingreso al país. Ahora sí, Yilen Osorio y sus 25 horas en el aeropuerto entran en el pulso.
Yilen Osorio, de origen colombiano, es uno de los 11 investigadores a los que les habían revocado la visa el 18 de diciembre de 2018. Sin embargo, desde un vuelo de Avianca, Osorio se dirigió al país. Se dice que el confiaba en que la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), donde esta le ordena al gobierno de Guatemala entregar las visas, le iba a permitir entrar al país. Aquí empieza la controversia.
El Instituto Guatemalteco de Migración no permitió (5 de enero) el ingreso del investigador de la Cicig, ya que según el sistema migratorio esta persona tiene prohibición por «disposición de seguridad y de orden público» de conformidad con un oficio del 21 de diciembre del 2018, misma fecha que la Corte de Constitucionalidad ordenó el ingreso y entrega de visas a ocho investigadores de Cicig y tres de sus familiares. El jefe del grupo C de delegados de Migración, Miguel Antonio Cantoral Dávila, e Irma Cruz Suntecun Tesucun, delegada de Migración, fueron los que no permitieron el ingreso del investigador de la Cicig.
Es hasta a las 5:30 de la tarde del 6 de enero cuando La Corte de Constitucionalidad concluye sesión e informa que dio un plazo de una hora al director de Migración, a partir de la notificación, para que permita el ingreso al investigador de la CICIG. Personal del Ministerio Público escoltaron al investigador hacia las afueras del aeropuerto, y en su paso aprendieron a dos de los empleados de migración por desacato de la orden de la CC. Migración argumentó que nunca fueron notificados, y que por ello según la opinión de Giovanni Fratti las aprensiones eran ilegales.
Aunque el «estira y encoge» entre la CC y el gobierno ya tenía algunos meses, el pulso entre ambos se intensifica desde ese punto.
El ejecutivo responde al día siguiente, al suceso del aeropuerto, con el acuerdo gubernativo 2-2019 donde el presidente Jimmy Morales y el Consejo de Ministros da por concluido el acuerdo de creación de la Cicig, el cual, según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), violenta el principio de jerarquía normativa porque una disposición ejecutiva no puede derogar un decreto del Congreso.
El licenciado Gabriel Orellana, abogado constitucionalista ratifica la opinión de la PDH agregando que el presidente, no tiene las facultades para dejar sin efecto un acuerdo, ya que este fue firmado para ser cumplido en un período específico. Sin embargo, para Giovanni Fratti el presidente si puede dar terminar el tratado, debido a que según el artículo 60 de la convención de Vienna, si una de las partes incurre en una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente.
Dentro de las violaciones graves están el rechazo del tratado no admitido por la presente Convención y la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado. Quiere decir que, si la Cicig o el gobierno de Guatemala violaron una de las disposiciones esenciales el tratado, desde la interpretación de Fratti puede ser terminado. El contraste entre la opinión del licenciado Orellana y Fratti son las dos caras de la moneda que este pulso político, traducido en debate jurídico, tiene.
El 7 de enero también tiene la respuesta de parte de la PDH, presentando un amparo contra el acuerdo gubernativo presentado por Jimmy Morales horas antes. La CC otorga el amparo, donde básicamente ratifican que el mandato de Cicig termina en septiembre del presente año.
Dos días más tarde, por el caso Kompass, la CSJ da trámite a una solicitud de antejuicio presentada contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, Bonerge Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela, por la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente por el caso del embajador Anders Kompass.
El vocero de la CSJ dijo que el antejuicio fue admitido para su trámite porque la CSJ considera que «la CC se excedió en cuanto a sus funciones, toda vez que, a consideración de los hechos y factores, el artículo 183, inciso O, de la Constitución permite al Ejecutivo conocer de política exterior y es competencia exclusivamente del Ejecutivo y no de la Corte de Constitucionalidad».
Según el vocero, los magistrados actuaron contrario a derecho, toda vez que la materia de política exterior es exclusiva del Ejecutivo.
La solicitud de antejuicio fue presentada por Guillermo Pellecer Robles, en calidad de la Asociación de Dignatarios de la Nación, en diciembre de 2018.
La solicitud de antejuicio se presentó por el caso del embajador de Suecia, Anders Kompass, a quien el gobierno de Guatemala pidió su retiro del país en mayo de 2018. La CC otorgó un amparo provisional que frenó la salida del embajador sueco.
Ahora, el expediente será trasladado al Congreso donde los diputados decidirán si se les retira la inmunidad para que puedan ser investigados. Se necesitan 105 votos para quitarles el derecho de antejuicio para que el MP proceda a investigar.
La tramitación del antejuicio contra los togados ocurre en un momento en que los magistrados han recibido numerosas críticas de grupos opositores a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por los fallos adversos al Ejecutivo.
Mientras la Cicig se ha retirado de su sede, de las audiencias en sus casos penales y de la realidad nacional. En el caso que llevaban contra el hijo del presidente Morales, ya fueron retirados por su ausencia, y según varios analistas esa será la tendencia en los demás casos.
Para el licenciado Orellana, la controversia del tratado se ha venido discutiendo desde hace un año y lamentablemente la ONU y el gobierno de Guatemala no lograron sentarse a dialogar, pudiendo evitar así el complejo panorama político. «Cada uno jala de su lado y el guatemalteco queda en medio del conflicto», asegura Orellana.
El tribulado clima político, en un momento tan importante, como es la declaración a elecciones, según Eduardo Castillo, experto en marketing político, sin duda influenciará los resultados de los siguientes comicios. «Hay que estar atentos en qué resulta todo esto, la polarización y desinformación son armas, que bien utilizadas, pueden colocar a personas no idóneas en posiciones de poder», concluye Castillo.
Escritor, Publicista, Diseñador Gráfico, Programador, Tecnólogo.
