Una historia antigua que sigue repitiéndose
Hace casi tres mil años, en el antiguo reino de Israel, ocurrió un episodio que revela hasta dónde puede llegar la corrupción cuando el poder pierde el temor de Dios.
Un hombre llamado Nabot poseía una viña que había heredado de sus antepasados. Su propiedad se encontraba cerca del palacio del rey Acab, quien deseaba adquirirla para convertirla en un huerto. El monarca ofreció comprarla o intercambiarla por otra mejor, pero Nabot se negó porque aquella tierra constituía la herencia de sus padres.
La negativa provocó el disgusto del rey. Sin embargo, fue su esposa Jezabel quien ideó una solución tan perversa como aparentemente legal.
Ordenó escribir cartas en nombre del rey, sellarlas con su sello y enviarlas a los ancianos y principales de la ciudad. En ellas dispuso que se proclamara un ayuno, se colocara a Nabot delante del pueblo y se presentaran dos hombres perversos para acusarlo falsamente de haber blasfemado contra Dios y contra el rey.
Así ocurrió.
Nabot fue condenado y ejecutado mediante un procedimiento que conservaba las apariencias de legalidad, pero que había sido organizado para cometer una injusticia.
Los ancianos participaron, los falsos testigos declararon y la autoridad obtuvo lo que deseaba.
Lo más inquietante de este relato, registrado en 1 Reyes 21, no es únicamente la maldad de Jezabel. Es que necesitó la colaboración de otros para ejecutar su plan.
La injusticia no se consumó solamente por la voluntad de una persona poderosa. Se consumó porque quienes debían administrar justicia aceptaron convertirse en instrumentos del poder.
Y esa enseñanza sigue siendo profundamente relevante.
Un asesinato que exige respuestas
El 17 de octubre de 2026, Guatemala fue sacudida por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal del Ministerio Público y exsuperintendente de Administración Tributaria, durante un ataque armado ocurrido en el Campo Marte, zona 5 de la capital.
Su trayectoria pública estuvo marcada por controversias políticas, enfrentamientos institucionales y posiciones que generaron tanto simpatías como fuertes cuestionamientos.
No es necesario compartir sus ideas, justificar sus actuaciones ni convertirlo en un personaje ejemplar para reconocer una verdad fundamental: ningún ser humano merece ser asesinado por sus opiniones, su pasado o sus diferencias políticas.
El sexto mandamiento, «No matarás», no establece excepciones según la ideología de la víctima.
La vida humana posee dignidad porque el ser humano fue creado a imagen de Dios, como enseña Génesis 1:27.
Por eso, desde una perspectiva cristiana, la condena de un asesinato no debe depender de nuestras simpatías personales.
En el mismo ataque murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, trabajador de la Federación Deportiva Nacional de Judo.
Aunque la atención pública se concentró principalmente en Foppa, cuya trayectoria y circunstancias apuntan a que era el objetivo del ataque, la muerte de Aguilar constituye otra tragedia que merece ser reconocida. Hasta donde se conoce, no se ha establecido que los agresores lo buscaran a él.
Su muerte nos recuerda que la violencia no siempre alcanza únicamente a quienes son sus objetivos. También destruye vidas de personas ajenas a los conflictos que pudieron originarla y deja familias enfrentadas a pérdidas irreparables.
Pero existe otro aspecto del caso que también merece nuestra atención.
Después del crimen, las autoridades capturaron a dos hermanos señalados inicialmente como sospechosos. Posteriormente, fueron dejados en libertad por falta de mérito, al no existir fundamento suficiente para procesarlos en aquella audiencia.
Los detenidos denunciaron irregularidades en la actuación policial y cuestionaron la procedencia de un arma que, según su versión, no les pertenecía.
Estas afirmaciones deben investigarse rigurosamente. Una denuncia no constituye por sí misma una prueba de culpabilidad contra los agentes, así como una captura tampoco demuestra que los detenidos hayan cometido un delito.
Sin embargo, la situación plantea una pregunta que ningún cristiano comprometido con la justicia debería ignorar:
¿Qué sucede cuando los instrumentos destinados a esclarecer un crimen son señalados de haber podido contribuir a una nueva injusticia?
El peligro del falso testimonio
La Biblia concede una importancia extraordinaria a la verdad dentro de los procedimientos judiciales.
El noveno mandamiento establece:
«No hablarás contra tu prójimo falso testimonio». — Éxodo 20:16.
Aunque solemos asociarlo con la mentira cotidiana, su formulación tiene una dimensión especialmente importante en la administración de justicia.
El falso testimonio puede destruir reputaciones, privar de libertad a inocentes y, como ocurrió con Nabot, conducir incluso a la muerte.
Deuteronomio 19:15-21 establece principios para examinar acusaciones, escuchar testimonios e investigar cuidadosamente cuando exista sospecha de falsedad.
No se trata simplemente de creer al primero que acusa ni de condenar al señalado por la autoridad.
Se trata de buscar la verdad.
En el caso que hoy conmociona a Guatemala, corresponde a las instituciones determinar quiénes participaron en el asesinato, cuáles fueron sus motivaciones y si existieron irregularidades en las primeras actuaciones policiales.
La rapidez de una captura no sustituye la calidad de las pruebas.
Un uniforme tampoco convierte automáticamente una declaración en verdad.
Y una persona señalada públicamente conserva su derecho a ser tratada conforme a la ley.
Para el cristiano, estas no deberían ser únicamente exigencias jurídicas. Son obligaciones morales.
Éxodo 23:7 contiene una advertencia contundente:
«De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo no justificaré al impío».
Dios no solamente prohíbe cometer una injusticia. También nos llama a mantenernos alejados de la mentira que puede hacerla posible.
Cuando el poder utiliza la justicia
La historia de Nabot presenta una característica particularmente perturbadora: Jezabel no ordenó simplemente que lo asesinaran en secreto.
Organizó un procedimiento público.
Utilizó la autoridad del rey, convocó a los dirigentes de la ciudad y preparó testigos para fabricar una acusación.
La injusticia fue presentada como el cumplimiento de la ley.
Este mecanismo revela una de las mayores amenazas para cualquier sociedad: que las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos sean utilizadas para perjudicarlos.
Los profetas denunciaron repetidamente esta corrupción.
Isaías 10:1-2 condena a quienes establecen disposiciones injustas y privan de sus derechos a los necesitados.
Amós 5:24 proclama:
«Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo».
La justicia, desde la perspectiva bíblica, no consiste en proteger la imagen de las autoridades ni en satisfacer los intereses de quienes gobiernan.
Consiste en actuar con rectitud, defender la verdad y evitar que el poderoso oprima al débil.
Por supuesto, sería irresponsable afirmar, sin pruebas, que el asesinato de Foppa fue ordenado desde alguna institución del Estado o que existió una conspiración para incriminar deliberadamente a los detenidos.
Esas hipótesis requieren evidencia y una investigación seria.
Pero también sería irresponsable descartar cualquier cuestionamiento simplemente porque afecta la imagen de una institución.
La confianza pública no se construye exigiendo silencio.
Se construye ofreciendo respuestas verificables.
La responsabilidad de quienes gobiernan
Romanos 13:1-4 enseña que las autoridades tienen una responsabilidad ante Dios y que su función debe orientarse al bien y al castigo de quienes hacen lo malo.
Este pasaje suele citarse para exigir obediencia a los gobernantes.
Sin embargo, también establece una obligación para quienes ejercen autoridad.
Si la autoridad está llamada a servir al bien, sus decisiones deben poder examinarse a la luz de la justicia.
No basta con ocupar un cargo, vestir un uniforme o pronunciar discursos sobre transparencia.
Quien gobierna administra responsabilidades que afectan directamente la vida de otras personas.
En el asesinato de Foppa existen preguntas legítimas sobre las circunstancias del ataque, la actuación de los agentes encargados de su seguridad, la identificación de los responsables y las primeras capturas.
También han surgido interrogantes sobre declaraciones públicas que realizó antes de morir, particularmente relacionadas con acontecimientos ocurridos en Huité, Zacapa.
No existe fundamento suficiente para afirmar que esas declaraciones motivaron su asesinato. Sin embargo, cualquier información pertinente debe ser examinada por los investigadores, sin convertir especulaciones en conclusiones.
La obligación de las autoridades no consiste en producir una explicación políticamente conveniente.
Consiste en establecer los hechos.
Y si durante la investigación se cometieron abusos, también deben esclarecerse.
Porque una injusticia no puede corregirse mediante otra.
El cristiano frente a la polarización
Vivimos en una sociedad donde muchas personas parecen haber sustituido los principios por las lealtades políticas.
Cuando una injusticia afecta a alguien con quien simpatizamos, exigimos castigo inmediato.
Cuando afecta a un adversario, buscamos explicaciones, minimizamos los hechos o guardamos silencio.
Esta conducta contradice directamente las enseñanzas bíblicas.
Levítico 19:15 establece que no debemos cometer injusticia en el juicio, ni favorecer al pobre por ser pobre ni honrar al poderoso por su posición, sino juzgar con justicia.
El principio es extraordinariamente claro: la verdad no debe cambiar según la identidad de las personas involucradas.
No necesitamos convertir a Foppa en mártir para condenar su asesinato.
Tampoco necesitamos aprobar su trayectoria para exigir que se identifique a sus responsables.
Y no debemos condenar anticipadamente a dos trabajadores simplemente porque una autoridad los haya señalado.
La justicia cristiana no funciona mediante bandos.
Proverbios 17:15 advierte que tanto justificar al culpable como condenar al justo constituyen una abominación delante de Dios.
Son dos caras de una misma corrupción moral.
Por eso debemos tener cuidado cuando nuestras preferencias políticas comienzan a determinar a quién defendemos, a quién escuchamos y a quién consideramos digno de justicia.
El cristiano no está llamado a ser defensor incondicional de un gobierno, un partido o una figura pública.
Está llamado a ser testigo de la verdad.
Cuando Dios pidió cuentas por Nabot
Después de la muerte de Nabot, el rey Acab tomó posesión de la viña que tanto había deseado.
Desde una perspectiva humana, la conspiración parecía haber tenido éxito.
Los falsos testigos habían cumplido su cometido, los dirigentes habían colaborado y la víctima ya no podía defenderse.
Pero la historia no terminó allí.
Dios envió al profeta Elías para confrontar al rey y denunciar lo sucedido.
La enseñanza es profunda: que una injusticia consiga imponerse mediante las instituciones humanas no significa que sea justa delante de Dios.
Hoy Guatemala necesita investigaciones transparentes, autoridades responsables y ciudadanos capaces de exigir justicia sin someter su conciencia a las preferencias políticas.
El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa debe esclarecerse.
La muerte de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrida en el mismo ataque, merece justicia por sí misma, sin quedar reducida a una nota secundaria en la historia de otro hombre.
Las circunstancias de las capturas posteriores también deben examinarse rigurosamente, respetando la presunción de inocencia y determinando si existieron actuaciones indebidas.
No necesitamos fabricar héroes ni inventar culpables.
Necesitamos verdad.
Porque cuando la justicia se convierte en instrumento del poder, el peligro no es solamente que un inocente sea condenado, sino que toda una sociedad termine acostumbrándose a la injusticia.
