30 de octubre de 2026
El Salvador desplegó más de 2 mil soldados en Haití en una operación militar de gran escala anunciada por el presidente Nayib Bukele, con el objetivo inicial de localizar y rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada perpetrada por grupos armados cerca de Puerto Príncipe. El despliegue representa una ampliación significativa de la participación salvadoreña en la crisis de seguridad haitiana y ha generado interrogantes sobre el alcance de la intervención.
Los cuatro efectivos desaparecieron el 18 de octubre de 2026, cuando regresaban a su campamento en un vehículo blindado en la localidad de Santo, municipio de Croix-des-Bouquets. Según la Fuerza Armada salvadoreña, el vehículo fue atacado con armas de fuego y explosivos, provocando un incendio. Sus ocupantes lograron salir, pero desde entonces se perdió contacto con ellos. El Gobierno haitiano calificó el hecho como un secuestro y aseguró que encontrar a los militares es una prioridad.
La respuesta de Bukele fue anunciar una operación de rescate y advertir a las pandillas que enfrentarían una reacción mucho más contundente si los cuatro salvadoreños no eran devueltos con vida y sin lesiones. En los primeros días llegaron contingentes de fuerzas especiales, inicialmente reportados en grupos de 100 y posteriormente se informó de un despliegue de aproximadamente mil efectivos. El 29 de octubre, la Cancillería salvadoreña confirmó que la operación ya superaba los 2 mil soldados.
La participación de El Salvador en Haití no comenzó con esta emergencia. En octubre de 2024, ambos países formalizaron un acuerdo para incorporar personal salvadoreño a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, encabezada inicialmente por Kenia. Los primeros contingentes llegaron en 2025, con especialistas en aviación y personal destinado principalmente a evacuaciones médicas, traslado de heridos y apoyo logístico.
Posteriormente, esa misión fue sustituida por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para apoyar a la Policía Nacional haitiana en el combate contra las organizaciones criminales. La fuerza tiene capacidad autorizada para alcanzar los 5 mil 500 integrantes, pero su despliegue ha estado muy por debajo de esa cifra.
Uno de los aspectos más relevantes es que el nuevo despliegue salvadoreño plantea dudas sobre la cadena de mando, las reglas de enfrentamiento y la coordinación con las autoridades haitianas y la fuerza internacional. Reuters informó que no estaba claro quién tendría el mando directo de los nuevos contingentes, cuánto tiempo permanecerían en el territorio ni si actuarían exclusivamente bajo la estructura de Naciones Unidas.
El escenario también involucra a la empresa privada de seguridad Vectus Global, fundada por Erik Prince, antiguo responsable de Blackwater, que mantiene operaciones contra las pandillas en Haití mediante recursos de seguridad y drones. Esta participación paralela añade complejidad a una intervención en la que coinciden fuerzas internacionales, autoridades locales y actores privados.
La situación humanitaria agrava las preocupaciones. Naciones Unidas informó que más de 5 mil 700 personas fueron asesinadas o resultaron heridas por la violencia de las pandillas y las operaciones de seguridad entre enero y mediados de septiembre de 2026. Además, cerca de 1.5 millones de personas han sido desplazadas en los últimos años por la violencia criminal.
El 29 de octubre, Bukele rechazó que la operación represente una invasión y aseguró que El Salvador no busca controlar territorio ni apropiarse de los recursos haitianos. También afirmó que su país está asumiendo la mayor parte de los gastos de la operación, aunque no reveló el costo total. Según el mandatario, el objetivo es recuperar a los cuatro militares y apoyar la lucha contra las organizaciones criminales.
Por ahora, el paradero de los cuatro aerotécnicos continúa siendo el principal motivo de la intervención. Sin embargo, el envío de más de 2 mil efectivos coloca a El Salvador en una participación militar de dimensiones considerables en el Caribe, mientras Haití enfrenta una crisis institucional, criminal y humanitaria que no ha podido resolver mediante las anteriores misiones internacionales.
