El gobierno de Cuba bloqueó una jornada de salud comunitaria y programas de alimentación organizados por iglesias evangélicas en la provincia de Las Tunas, en medio de una grave crisis sanitaria y alimentaria que afecta a enfermos, embarazadas, ancianos y familias pobres.
Según el periodista Yoe Suárez, en un reportaje publicado en Árbol Invertido y reproducido en medios internacionales, las autoridades no cubren de forma suficiente la asistencia social y, al mismo tiempo, restringen que las congregaciones realicen labores humanitarias independientes.
En Puerto Padre, la Liga Evangélica de Cuba coordinó junto a las iglesias de Cristo, Amigos Cuáqueros, Pinos Nuevos, Metodista, Asambleas de Dios, Bautista, Nazarena una Jornada de Salud Comunitaria. Participaron unos 100 médicos voluntarios y se instaló una farmacia con medicamentos donados por fieles, en un consultorio improvisado dentro de un templo.
Carlos López Valdés, líder de la Liga Evangélica de Cuba, explicó que pidieron permiso por escrito al gobierno local para no comprometer a los médicos. “Las autoridades nos informaron que la realización de la acción estaba sujeta a una inspección del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Fuimos allí, el MINSAP inspeccionó el lugar y dio su aprobación”, relató.
La actividad se celebró el 27 de julio de 2026, día feriado. “Cuando abrimos, empezó a llegar gente de la ciudad. Montamos una farmacia con farmacéuticos y comenzamos a atender a mucha gente. Ofrecíamos consultas y todos quedaban satisfechos”, dijo López Valdés. Se atendió a unas 200 personas, según los organizadores.
Durante la jornada irrumpió una delegación integrada por funcionarios del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Departamento Ideológico, el Ejército, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Ministerio de Justicia.
Tras una conversación de tres horas con los pastores, las autoridades afirmaron que no tenían autorización y ordenaron cesar las actividades. También pidieron que el evento no se difundiera en redes sociales.
El periodista Yoe Suárez sostiene que el Estado busca conservar el monopolio político de la asistencia social, incluso cuando eso deja desatendidos a enfermos, embarazadas, ancianos y pobres.
Un caso similar ocurrió con el Ministerio Viento Recio, en la capital provincial. La congregación había comenzado a ofrecer desayunos gratuitos a embarazadas con deficiencias nutricionales en un hogar materno y a distribuir alimentos a ancianos pobres. Las autoridades exigieron permiso del PCC para cada entrega y ordenaron detener la ayuda.
A pesar de la prohibición, muchos ancianos empezaron a acudir directamente a la iglesia en busca de comida. El pastor Jorge “Mayim” Travieso ha denunciado que el Estado ofrece raciones mínimas en hogares de ancianos, mientras la congregación intenta complementarlas con sus propios recursos.
Las iglesias aseguran que no pretenden confrontar al Estado, sino cubrir un vacío que el sistema público no está resolviendo. El gobierno, por su parte, mantiene el control sobre quién puede prestar asistencia y en qué condiciones, en una provincia golpeada por la escasez de medicamentos, alimentos y servicios básicos.
