El mundo vive lo que el sociólogo australiano Stephen Castles y el politólogo estadounidense Mark Miller denominaron «la era de la migración». De acuerdo con las últimas cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2015 había en el mundo unos 244 millones de migrantes; es decir, un 3.3% de la población mundial de 7350 millones ahora vive en un país en el que no nació. Esto representa un aumento del número de migrantes de aproximadamente 60% en los últimos 25 años o de más de 25% en la última década.
A pesar de la envergadura de estos movimientos, se ha estudiado desde una perspectiva sociodemográfica, o si acaso económica, pero no necesariamente como tema de política; esto es, la migración internacional se describe cuantitativamente: el tamaño de los flujos, su procedencia, su destino, su impacto económico y, a veces, su impacto social. Sin embargo, debe reconocerse que los movimientos humanos siempre tienen importantes efectos de largo plazo tanto en las sociedades receptoras como en las originales.
Migración y globalización
El aumento de los flujos migratorios se ha producido en el contexto de la globalización, lo cual significa que hay más países afectados por la migración y que además de los viejos flujos migratorios han surgido otros nuevos. Algunos países de origen se han convertido en países de destino; otros son de tránsito.
Los países que eran de destino ahora exportan a sus ciudadanos y en algunos más se observan varias formas diferentes de migración.
También han cambiado la edad y el sexo de los migrantes, así como sus motivos. Muchas veces, los flujos de trabajadores provisionales en una primera instancia, se convierten en flujos de reunificación familiar. También hay una tendencia creciente a los flujos mixtos; por ejemplo, en el nuevo fenómeno del refugiado, que es tanto refugiado político como migrante económico.
La globalización ha presentado desafíos a la soberanía de los Estados nacionales. Los acuerdos internacionales, como los de Schengen en Europa o del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), protegen y limitan las posibilidades de acción de los países. Al mismo tiempo, el tamaño de los nuevos flujos migratorios, junto con las tecnologías modernas de transporte y comunicaciones, han aumentado la viabilidad de las comunidades trasnacionales. Los Estados modernos han reaccionado contradictoriamente, pues a veces se aferran a las nociones tradicionales de soberanía nacional, mientras que en otros momentos aceptan la complejidad y la fragmentación de la autoridad provocadas por la globalización y cooperan con otras organizaciones e instituciones. La migración afecta las políticas nacionales y, por consiguiente, las políticas de seguridad nacional y las relaciones bilaterales y regionales, de modo que ha adquirido una importancia política cada vez mayor.
Otro efecto de la era moderna de la migración en masa es el aumento de la diversidad étnica de los países receptores. En muchos casos, los nuevos flujos -o su envergadura- implican que los idiomas, las costumbres, la fisionomía y la religión de los inmigrantes resalten en el país receptor.
Migración y política
La migración se considera un fenómeno primordialmente sociodemográfico, pero puede argumentarse que sus efectos más permanentes son los políticos, y tienen manifestaciones tanto activas como pasivas. Es decir, la complejidad de las expresiones de estos efectos ha limitado la descripción de las consecuencias políticas de la migración. Esta afecta a la política internacional tanto de los países de origen como de destino. Impacta asimismo en la política interior de los países receptores, tanto por sus repercusiones en la población nativa, cuanto, por su peso en las funciones del Estado, como seguridad, educación y gasto social. Además, muchas veces afecta la política nacional de los países emisores, al considerar las acciones de su diáspora en sus nuevos hogares. Finalmente, los migrantes inciden también en la política nacional del país al que llegan.
Quizás el efecto más común de la migración en la política nacional de los países de destino para el analista político Carlos Arias es el que tiene que ver con la población original. La inmigración cambia la política interna del país de muchas maneras, por motivos culturales, religiosos o lingüísticos, aunque da la impresión de que estos efectos se concentran principalmente en la economía. Es indiscutible que el capital es más móvil que la mano de obra; sin embargo, la economía mundial sufriría sin los flujos migratorios. Según Arias al mismo tiempo, los trabajadores de los países más desarrollados piensan que los inmigrantes les quitan su trabajo. Otra causa de malestar es una peculiaridad de la inmigración: mientras que los costos siempre son locales (y por lo tanto fáciles de identificar), los beneficios tienden a ser difusos (y difíciles de demostrar). Además, muchas veces los migrantes responden a la demanda de trabajo que se genera cuando se dan profundas reestructuraciones económicas. Por eso, como se ha puesto en relieve en el período presidencial del candidato republicano Donald Trump en Estados Unidos, así como en la aprobación del brexit en el Reino Unido y los resultados de las elecciones en Austria -por dar solo tres ejemplos de muchos-, en los países desarrollados no hay otro tema en el que la opinión de las élites políticas y económicas y la población en general esté más dividida.
La diferencia fundamental en cómo enfrentan los países estas presiones, según el analista político José Cabrera, tiene que ver con la capacidad de sus sociedades para integrar a los nuevos residentes. La integración es una dialéctica entre los inmigrantes y la sociedad de recepción; es una negociación permanente y a varios niveles: si la sociedad de recepción no lo permite, los inmigrantes no podrán integrarse a su nuevo país. Mucho depende, entonces, de cómo traten los gobiernos y las sociedades de destino a los inmigrantes.
Otros factores importantes en la integración son los orígenes, los tiempos, la naturaleza y el contexto particular del flujo migratorio. Por ejemplo, la facilidad con la que los inmigrantes puedan adquirir la ciudadanía o si los hijos nacidos en el país son considerados automáticamente como ciudadanos. También importa si los ciudadanos del país receptor consideran que el flujo de migrantes es predominantemente «legal» o «ilegal», y (un factor que a menudo está relacionado) si pensaban que era un fenómeno temporal, pero resultó ser más permanente.
Stephania Corpi y Rodolfo Córdova Alcaraz trazan una imagen de la migración a través de México, en la cual, por desinterés o falta de capacidad de los Estados y sociedades emisoras, de tránsito y de destino, quedan los inmigrantes en condición de vulnerabilidad. En este vacío que dejan las autoridades, los comités ciudadanos y los grupos de familias de migrantes de México y Centroamérica han cumplido un importantísimo papel en la búsqueda de un trato más justo.
Jorge Duany, en su descripción de la oleada migratoria cubana desatada por el acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos, muestra que el fenómeno ha afectado las relaciones internacionales entre los dos países y entre otros gobiernos del continente, desde Ecuador hasta México. Explica que la Ley de Ajuste Cubano de Estados Unidos ha sido el detonador de este flujo y, por lo tanto, es motivo de protestas en Cuba y en los países de Centro y Sudamérica.
Finalmente, Allert Brown-Gort refiere cómo, a pesar de ser el destino más importante de la migración mundial, Estados Unidos insiste en tratar el tema como un asunto de soberanía nacional. Las divisiones sociales del país, alimentadas en gran parte por el temor a los cambios demográficos, se reflejan en la incapacidad del sistema político para reformar el régimen migratorio. Este fracaso tiene serias consecuencias no solo para Estados Unidos, sino también, y tal vez peores, para sus vecinos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), que es formada por 37 Estados, entiende al proceso de la migración como una responsabilidad política compartida, y a partir de eso propone ciertos parámetros para poder atender a esa responsabilidad.
Crear un acceso flexible y legal al mercado de trabajo que refleje la demanda laboral, es una de ellas. Las políticas de empleo en los países de destino de la OCDE deben reconocer el potencial de la migración latinoamericana para cubrir la escasez de mano de obra local. En particular, los gobiernos deben ajustar sus políticas de migración y mejorar sus marcos de integración con el fin de que la migración pueda responder a las necesidades laborales futuras, en particular en un contexto de paulatino envejecimiento de la población. Asimismo, las nuevas políticas deben incluir mecanismos que desincentiven los flujos irregulares y faciliten los canales migratorios legales.
Extender la protección social a más migrantes latinoamericanos. Se debe promover tanto la movilidad como el retorno a través de programas que proporcionen los incentivos adecuados y garanticen la portabilidad de prestaciones sociales de un país a otro. Mientras un 98% de los trabajadores de países de mayor ingreso de la OCDE que cruzan las fronteras por motivos laborales está cubierto por acuerdos de seguridad social entre el país de origen y el de destino, sólo un 15% de los migrantes latinoamericanos se beneficia de este tipo de prestaciones.
Entre las primeras medidas importantes por acometer se encuentran la ratificación y rápida implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y del convenio en materia de seguridad social entre Estados Unidos y México.
La extensión de estos mecanismos para incorporar a más países y un mayor número de derechos, especialmente relativos a la cobertura sanitaria, aseguraría la eficacia de programas de retorno y mejoraría las condiciones de vida de los migrantes.
Aprovechar los beneficios de las remesas es un punto medular sobre la migración.
Los gobiernos latinoamericanos deben ofrecer incentivos a los migrantes para que envíen remesas a través de canales formales, y deben dirigir dichas remesas a inversiones comunitarias, siguiendo el ejemplo de programas como el mexicano Tres por Uno. Una mayor colaboración público-privada también mejoraría el control de los flujos de remesas y su consideración por parte de las agencias de calificación crediticia en muchas economías caribeñas y centroamericanas que no tienen calificación.
Rebajar los costes de las remesas es el siguiente paso para la OECD. Los costes de las remesas que se envían a América Latina se deben reducir todavía más, a tenor de los importantes progresos alcanzados en los últimos diez años. Incluso una pequeña reducción en el coste puede implicar un beneficio sustancial para los receptores. Más competitividad y nuevas tecnologías son los mejores instrumentos para alcanzar este objetivo. Un marco regulatorio más claro y transparente para los operadores que envían remesas mediante pagos a través de la telefonía móvil podría maximizar el potencial de este mecanismo de transmisión más barato, permitiendo expandir el acceso a los servicios financieros entre aquellos que tradicionalmente se han visto excluidos.
A su vez los Estados deben buscar involucrar a las redes de diásporas (grupos étnicos que migran). Se deben implementar políticas activas para conseguir que los latinoamericanos y sus descendientes nacidos en los países de destino apoyen iniciativas de desarrollo en sus países de origen. Dado que estas comunidades en el extranjero guardan muchos vínculos familiares y culturales con sus países natales, representan una potencial fuente de ideas, financiación y mano de obra cualificada.
Según la OECD los gobiernos latinoamericanos deben reforzar el diálogo y colaboración con las organizaciones de migrantes para llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar el acceso a los mercados laborales, la protección social, la integración, la cooperación al desarrollo y las condiciones en general de la migración internacional.
Escritor, Publicista, Diseñador Gráfico, Programador, Tecnólogo.
